La disminución sostenida en las tasas de vacunación infantil y adolescente encendió las alarmas de la comunidad científica en América Latina y en el mundo. En distintos países, se detectan cada vez más grupos poblacionales que no reciben el esquema completo de vacunas o directamente no acceden a ninguna dosis. Son los llamados infravacunados, un sector que crece de manera silenciosa y representa una amenaza directa para la salud pública, al facilitar la reemergencia de enfermedades prevenibles que ya estaban controladas o incluso erradicadas.
Sarampión, poliomielitis, tos convulsa y coqueluche son algunos de los ejemplos más emblemáticos de patologías que habían retrocedido gracias a décadas de campañas de inmunización y que ahora vuelven a aparecer por la falta de cobertura adecuada. Los infravacunados —muchos de ellos sin plena conciencia de su situación y sin intención de exponerse a riesgos— rompen un principio básico de la salud colectiva: la inmunidad de rebaño. Sin ella, las barreras epidemiológicas se debilitan y las sociedades quedan expuestas a brotes que podrían evitarse.
Para analizar este fenómeno y sus implicancias, juristas, infectólogos, comunicadores y referentes del ámbito sanitario participaron el 18 de noviembre de la jornada "El derecho a la inmunización: desafíos sanitarios legales y comunicacionales en América Latina". El encuentro, realizado en Buenos Aires, fue organizado por la Sociedad Latinoamericana de Vacunología (SLV) y el Observatorio de Derecho y Salud de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). La iniciativa contó con la participación del reconocido infectólogo argentino Roberto Debbag, miembro de la SLV y presidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica (SLIPE), quien lideró gran parte de las discusiones.
Durante la jornada se abordaron marcos normativos vigentes en la región, experiencias comparadas en políticas de inmunización y los desafíos crecientes que enfrentan los sistemas de justicia frente al descenso de la vacunación. El eje común fue claro: aunque las leyes existen, su aplicación real enfrenta obstáculos de acceso, desinformación y desconfianza, una tríada que alimenta el fenómeno de la infravacunación y compromete la salud de millones.
El contexto actual es paradójico. La humanidad superó una pandemia global gracias al desarrollo y la masificación de vacunas, y existe evidencia contundente de su eficacia y seguridad. De hecho, las vacunas —junto con el acceso al agua potable— son consideradas entre los avances sanitarios que más vidas salvaron en el último siglo. Sin embargo, el concepto mismo de "vacuna" enfrenta hoy una crisis de legitimidad en algunos sectores de la población. La desinformación, la circulación de contenidos falsos en redes sociales y la pérdida de confianza hacia los sistemas de salud han debilitado la percepción pública de su valor.
En Argentina existe un sólido marco regulatorio: la Ley 27.491, promulgada en 2018, establece la obligatoriedad y gratuidad de todas las dosis del Calendario Nacional de Vacunación. La norma considera a la inmunización como un bien social, garantiza su acceso equitativo en todo el territorio y fija responsabilidades tanto para el Estado como para las familias. Los padres, por ejemplo, están legalmente obligados a garantizar la vacunación de sus hijos.
No obstante, expertos coinciden en que una ley robusta no alcanza si no se logra su implementación plena. "Cuando una norma fuerte como la que ofrece la Argentina entra en crisis de cara a la sociedad —y esto no ocurre solo en nuestro país, sino en el mundo entero— hay que bajar al territorio y ver qué sucede allí. Ese es el desafío actual: la norma es sólida y tiene buen espíritu, pero no se aplica", señaló el doctor Diego [continuación del orador en el texto original], apuntando al desfasaje entre la legislación y la realidad sanitaria.
Las implicancias de este fenómeno son profundas. La caída en las coberturas vacunales debilita la protección colectiva, aumenta el riesgo de brotes, compromete la salud de futuras generaciones y pone en jaque décadas de logros epidemiológicos. Por eso, el debate interdisciplinario se vuelve imprescindible: los sistemas de justicia tienen la oportunidad de sumar herramientas legales y de generar jurisprudencia que acompañe los esfuerzos sanitarios y contribuya a revertir esta tendencia.
La jornada concluyó con un mensaje claro: recuperar la confianza, reforzar el acceso y combatir la desinformación son pasos urgentes para evitar que América Latina retroceda en materia de salud pública.