Desde el primer momento, la causa penal contra Konstantin Rudnev y las mujeres acusadas junto a él fue una burda farsa. No había pruebas: ninguna, cero. Esta realidad impactante fue reconocida de inmediato por el juez Villanueva, quien, en el inicio mismo, desestimó el caso por absurdo, infundado y jurídicamente vacío. Su resolución no dejó lugar a dudas: la investigación no fue formalizada, las imputaciones carecían de sustento y se ordenó la liberación inmediata de los acusados.

La decisión del juez Villanueva fue inequívoca. No existía base legal alguna para avanzar con cargos por trata de personas ni por falsedad ideológica de un documento público. Oficialmente, la investigación fue considerada no formalizada y todas las medidas restrictivas fueron levantadas.

Eso debería haber sido el final del asunto

Sin embargo, de manera asombrosa, en lugar de respetar esta clara determinación judicial, los fiscales fabricaron de inmediato una nueva causa. Modificaron elementos procesales, introdujeron a una supuesta víctima diferente y convencieron a otro juez para reabrir el proceso, no por la aparición de nuevas pruebas, sino mediante maniobras técnicas. La audacia es innegable: la acusación original era tan vacía, tan endeble, que no pudo sobrevivir ni al más mínimo control judicial.

El abogado defensor de Rudnev, Carlos Broitman, ha afirmado reiteradamente que la causa "no tiene base probatoria" y que está construida sobre información "importada de Rusia sin sustento fáctico". También ha señalado el grave deterioro del estado de salud de Rudnev y ha defendido la concesión del arresto domiciliario, destacando que el relato de la fiscalía está "técnicamente desarmado".

Este patrón grotesco replica el calvario de Rudnev en Rusia

Detenido en 2010, fue condenado a 11 años de prisión bajo cargos de liderar una "secta", tráfico de drogas y violación; acusaciones que Massimo Introvigne, uno de los sociólogos de la religión más reconocidos del mundo, describe como completamente fabricadas, con motivaciones políticas e ideológicas.

El "delito" de Rudnev fue decir verdades incómodas al poder: criticar abiertamente al régimen de Putin.

Su persecución fue orquestada dentro de una campaña más amplia impulsada por la Iglesia Ortodoxa Rusa y activistas antisectas alineados con el Estado, quienes atacan sistemáticamente a movimientos espirituales independientes, los difaman como "sectas" y manipulan narrativas mediáticas para criminalizarlos sin pruebas.

En Rusia, al igual que en Bariloche, las acusaciones se basaron en relatos mediáticos y no en hechos. Testigos admitieron que solo conocían a Rudnev por la televisión y por sitios web no oficiales. Las supuestas imputaciones por drogas estaban plagadas de siembra de pruebas, sin rastros forenses, sin elementos materiales, sin compradores y con una cadena de custodia tan rota que resulta inverosímil. Las denuncias por abuso sexual se apoyaron en un único testimonio no corroborado, contradicho por peritajes especializados. Incluso las acusaciones financieras ignoraron herencias legales debidamente documentadas. Aun así, los tribunales favorecieron sistemáticamente a la acusación, desestimando pruebas claramente exculpatorias: un caso de manual de sesgo de confirmación disfrazado de justicia.

Introvigne subraya que conceptos como "sectas coercitivas" y "lavado de cerebro" son pseudocientíficos y se utilizan para estigmatizar y perseguir a minorías espirituales. Décadas de investigaciones académicas y fallos judiciales — incluida una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 2022 — confirman que calificar a grupos como "sectas" en contextos oficiales constituye discriminación y difamación. Cuando las acusaciones se basan en ideología y no en hechos, el resultado no es justicia: es pura injusticia.

Mientras se aproxima la sexta audiencia destinada a cerrar esta causa absurda, el juez Villanueva vuelve a enfrentarse a un expediente completamente vacío. Sigue sin haber pruebas, sin víctima, sin drogas, sin organización criminal: nada. Solo acusaciones recicladas, impulsadas ideológicamente, y relatos artificiales. La persistencia de esta persecución, pese a su desestimación inicial, es una afrenta flagrante a la justicia y un ejemplo alarmante de cómo los procedimientos legales pueden ser torcidos para hostigar e intimidar a personas inocentes.

Resulta casi inconcebible que una causa tan evidentemente fabricada pueda seguir adelante. Y, sin embargo, aquí está: un uso grotesco del derecho para sostener apariencias, ideologías y juegos procesales. La esperanza — y la exigencia — es clara: el sentido común, la decencia y el Estado de derecho deben prevalecer. El juez Villanueva ya ha visto la verdad: esta causa es una farsa.

Debe ser terminada de inmediato, de manera definitiva y sin más demoras

— tal como debió haberse hecho desde el inicio.

El 6 de febrero, el tribunal de la ciudad de Bariloche abordará el caso en cuanto al fondo. En esa audiencia, el abogado defensor Carlos Broitman presentará ante el juez Gustavo Villanueva y todos los presentes pruebas claras y hechos incontrovertibles que demuestran que toda la causa es fabricada y carece de cualquier sustento legal. Esta audiencia representa un momento decisivo: la oportunidad para que el tribunal reconozca formalmente lo que ha sido evidente desde el principio: que esta persecución no tiene fundamento fáctico ni jurídico y debe ser cerrada de manera definitiva.

Cualquier otra cosa sería una grave afrenta a la justicia misma.