En Estados Unidos, el presidente Donald Trump autorizó el despliegue de 300 miembros de la Guardia Nacional en Chicago, la tercera ciudad más grande del país, en medio de fuertes críticas de autoridades locales y de la oposición demócrata. Trump calificó la ciudad como una "zona de guerra" para justificar la medida, que se produce en el marco de su ofensiva contra la delincuencia y la inmigración.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió la decisión en declaraciones a Fox News, afirmando que Chicago requiere presencia militar debido a su situación de seguridad. Sin embargo, el gobernador de Illinois, Jay Robert Pritzker, rechazó el despliegue y denunció que los republicanos buscan generar caos. "Quieren crear la zona de guerra para poder enviar aún más tropas. Tienen que largarse de aquí cuanto antes", afirmó en el programa State of the Union de CNN.
La polémica se produce mientras una encuesta de CBS revela que el 42% de los estadounidenses apoya el envío de la Guardia Nacional a las ciudades, mientras que el 58% se opone. Trump, que semanas atrás habló de usar al ejército para una "guerra interna", no dio señales de revertir su postura y mantiene una estrategia de línea dura frente a la seguridad y el orden público.
En paralelo, la campaña del mandatario para desplegar fuerzas militares en la seguridad interna sufrió un revés judicial en Portland, Oregón. Trump calificó la ciudad como una "ciudad devastada por la guerra" y aseguró que "hay insurrectos por todas partes", aunque no presentó evidencia concreta.
La jueza federal de distrito Karin Immergut emitió un bloqueo temporal al despliegue militar, argumentando que la decisión presidencial "no se ajusta a los hechos" y recordando que Estados Unidos es "una nación de derecho constitucional, no de ley marcial". La magistrada indicó que, si bien hubo ataques aislados contra agentes federales y propiedades, no se demostró que formaran parte de un intento organizado de derrocar al gobierno que justificara el uso de la fuerza militar.
Trump y sus asesores, entre ellos Stephen Miller, calificaron la decisión judicial como una "insurrección legal". Además, Mike Johnson, presidente republicano de la Cámara de Representantes, describió el despliegue de tropas en Washington como una "zona de guerra literal", reforzando la narrativa de la administración sobre la necesidad de medidas extraordinarias en ciudades gobernadas por la oposición.
El episodio pone en evidencia la tensión entre la Casa Blanca y gobiernos locales demócratas, así como el debate sobre el alcance de las facultades presidenciales en materia de seguridad interna y el límite del poder militar frente a la ley civil en Estados Unidos
