En medio de un escenario de creciente tensión diplomática y judicial, la compañía británica Rockhopper ha reafirmado de manera categórica que las recientes sanciones e iniciativas legales implementadas por la República Argentina no alterarán sus planes operativos en el Atlántico Sur. La firma mantiene firme su meta de iniciar la extracción de petróleo en las Islas Malvinas durante el primer trimestre del año 2028, un hito central en la planificación de sus actividades hidrocarburíferas.
Esta ratificación oficial fue expresada en el balance de resultados correspondiente al primer semestre que publicó la compañía. En dicho documento, la petrolera hizo especial hincapié en el respaldo político e institucional brindado tanto por el Gobierno del Reino Unido como por el gobierno de las islas, un Territorio Británico de Ultramar con autogobierno. Ambas administraciones calificaron las medidas punitivas y reclamos promovidos por la Casa Rosada como decisiones ilegítimas y carentes de justificación jurídica.
El pronunciamiento corporativo se produce en un momento en que la administración encabezada por el presidente Javier Milei ha intensificado la estrategia de reclamos por la soberanía argentina sobre el archipiélago. A principios de septiembre, el Ejecutivo argentino dispuso una batería de medidas de alta intensidad legal y política para frenar la actividad no autorizada en la plataforma continental. Esta ofensiva incluyó:
La firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para reforzar el marco normativo de resguardo soberano.
La presentación de una denuncia penal dirigida formalmente contra las empresas petroleras involucradas en la exploración y explotación comercial sin aval de la Argentina.
El envío de un nuevo proyecto de Ley de Soberanía al Congreso de la Nación.
La intención declarada de llevar al Reino Unido ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para dirimir la controversia territorial e hidrocarburífera.
A pesar de este redoblamiento en la presión diplomática y penal, la estructura del megaproyecto no ha modificado su curso operativo. El yacimiento Sea Lion se encuentra bajo una composición accionaria compartida entre dos firmas internacionales:
La petrolera israelí Navitas, que cotiza en la bolsa de Tel Aviv, posee el 65% de la iniciativa y actúa como la empresa operadora del proyecto. La compañía británica Rockhopper, que retiene el 35% restante del activo.
Ambas sociedades comerciales ratificaron sus intenciones de seguir adelante con el cronograma prefijado, sosteniendo de manera enfática que las licencias que poseen fueron legalmente otorgadas por la autoridad administrativa local de las islas.
En este marco, el director ejecutivo de Rockhopper, Samuel Moody, calificó el presente comercial como un período decisivo para el futuro corporativo de la empresa. Moody confirmó de manera inequívoca el objetivo corporativo de lograr la primera producción de petróleo para el primer trimestre de 2028 en el yacimiento Sea Lion.
El máximo directivo sustenta esta previsión sobre dos cimientos financieros e institucionales estratégicos:
La reciente ampliación de capital, una maniobra financiera que garantiza la financiación total requerida hasta alcanzar la primera producción efectiva de crudo.
El continuo y firme respaldo político otorgado por los gobiernos del Reino Unido y de las Islas Malvinas.
Por su parte, Navitas, en su rol de operadora del yacimiento, ratificó que sus operaciones se encuadran estrictamente en virtud de licencias petroleras válidas, otorgadas por el Gobierno de las Islas Malvinas y con el soporte continuo del Ejecutivo británico. Asimismo, la firma israelí indicó formalmente que no se prevé que los acontecimientos recientes ni el escalada en las sanciones argentinas tengan un efecto significativo en las actividades de desarrollo del proyecto Sea Lion, asegurando que el calendario de ejecución previsto no sufrirá desviaciones.