La Defensoría del Pueblo boliviano denunció que una niña de 11 años que fue violada no pudo ejercer su derecho al aborto debido a la intromisión de la Iglesia católica, personal médico y autoridades locales.

En un comunicado, la Defensoría aseguró que emprenderá medidas legales para que "se reencamine el procedimiento de interrupción legal del embarazo, sin viciar el consentimiento de la menor, ni por parte de sus familiares ni de cualquier instancia, grupo o sector religioso".

La niña, con 21 semanas de embarazo tras ser abusada en el poblado de Yapacaní, en el departamento de Santa Cruz (este), no ha accedido al aborto por la incidencia de personal médico de un hospital local, del arzobispado católico de la región y de la Defensoría de la Niñez de Yapacaní, explicó la Defensoría nacional.
Organizaciones feministas también denunciaron el caso.

De su lado, la Iglesia católica informó esta semana que trasladó a la niña a un albergue, junto a otras niñas con diferentes problemáticas, y defendió su posición antiaborto.

"La persona humana dentro del vientre materno no es el culpable del abuso a su madre. Un crimen no se soluciona con otro crimen, el aborto no remedia la violación", indica un comunicado del arzobispado de Santa Cruz.

La ley en Bolivia establece que "un aborto incondicional y en todas las etapas del desarrollo del embrión no es constitucionalmente admisible", pero precisa que "cuando el aborto hubiere sido consecuencia de un delito de violación (...) no se aplicará sanción alguna".

"Tampoco será punible si el aborto hubiere sido practicado con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre", indica el Código Penal boliviano.

La oficina en Bolivia de Naciones Unidas instó a aplicar el "marco normativo internacional y nacional de protección a las niñas", al argumentar que el embarazo de una niña "no solo pone en riesgo su vida, su salud y su proyecto de vida, sino que también atenta contra su salud mental y emocional".

El violador, que es el padre del padrastro de la víctima, se encuentra detenido en una cárcel policial y a la espera de un juicio. Podría enfrentar una sentencia de 10 a 15 años de cárcel.