El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el jueves dos órdenes ejecutivas destinadas a limitar de forma severa el denominado "turismo de parto" y la ciudadanía por nacimiento. Esta decisión se produce tras calificar de "muy desafortunada" una resolución dictada este año por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, la cual anuló el intento anterior del mandatario por restringir este derecho fundamental.
Durante la ceremonia de firma celebrada en la Oficina Oval el jueves, según reportó la cadena CBS News, el jefe de Estado argumentó la necesidad imperativa de realizar modificaciones normativas frente al panorama judicial actual. "Tuvimos una decisión muy desafortunada de la Corte Suprema con respecto al derecho de nacimiento. Así que estamos haciendo ajustes", declaró el mandatario ante los medios y su gabinete.
El "Turismo de Maternidad" en la Mira del Ejecutivo
Los pormenores de los instrumentos legales fueron detallados por altos funcionarios de la administración, quienes expusieron los fundamentos económicos y sociales de las medidas. Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, explicó que una de las órdenes firmadas apunta directamente al "turismo de maternidad comercial", una práctica que, según sus declaraciones, ha sido motivo de debate nacional no solo durante años, sino durante décadas.
El funcionario profundizó en el modus operandi de esta actividad al describir los patrones migratorios utilizados por los extranjeros:
Simular ser turistas o visitantes temporales ante las autoridades fronterizas.
Argumentar motivaciones recreativas falsas, tales como visitar Disneylandia, un monumento o un parque nacional.
Ingresar al territorio nacional con el propósito oculto de dar a luz.
Obtener de forma automática la ciudadanía estadounidense para el recién nacido.
Abandonar el país inmediatamente después del nacimiento portando un hijo ciudadano estadounidense.
Bajo este sistema fallido, advirtió Miller, se otorga a estos infantes y a sus núcleos familiares acceso a beneficios sociales, al derecho al voto en última instancia, y a todos los demás derechos y privilegios que pertenecen exclusivamente a los estadounidenses.
Modificaciones en los Criterios de Elegibilidad y el Marco Constitucional
La segunda orden ejecutiva firmada por el presidente amplía de manera significativa la definición de aquellas personas que no pueden optar a la ciudadanía por derecho de nacimiento. Entre los principales grupos afectados se encuentran los hijos de ciudadanos extranjeros que ejercen presión en nombre de gobiernos extranjeros.
Esta ofensiva de la administración se contrapone directamente al marco constitucional histórico. Cabe recordar que el Tribunal Supremo dictaminó por 6 votos contra 3 que la primera orden ejecutiva del presidente —emitida el primer día de su mandato en 2025— era ilegal y contraria a la 14.ª Enmienda.
La 14.ª Enmienda, ratificada en el año 1868, establece de forma taxativa en su texto fundamental que:
"Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos..."
"...y sujetas a su jurisdicción..."
"...son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en el que residen".
Perspectivas de Implementación y Desafíos Legales
Ante el inevitable escrutinio judicial y las interrogantes sobre la viabilidad de las nuevas directivas frente a los tribunales, la administración de la Casa Blanca se mostró confiada. Cuando se le preguntó directamente al presidente Donald Trump si las órdenes judiciales sobrevivirían a los futuros desafíos legales impulsados por organizaciones opositoras, el mandatario respondió con firmeza: "Creo que sí".
Por su parte, Will Scharf, secretario del personal de la Casa Blanca, aportó precisiones técnicas sobre la estrategia gubernamental. Scharf detalló que las nuevas órdenes están dirigidas a combatir las operaciones organizadas de turismo de maternidad mediante un doble mecanismo:
La denegación sistemática de visados en los consulados y embajadas.
La aplicación estricta de la ley migratoria en los puntos de entrada.
El secretario argumentó que esta estrategia administrativa se fundamenta en "medios legalmente validados", diseñados específicamente con el propósito de no entrar en conflicto directo con el reciente fallo emitido por la Corte Suprema.