El Parlamento Europeo resolvió frenar el avance del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur y remitirlo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que analice su validez jurídica. La decisión fue adoptada este martes en Estrasburgo tras una votación sumamente ajustada: 334 eurodiputados se pronunciaron a favor del envío del acuerdo a la Justicia, mientras que 324 votaron en contra.
El resultado confirmó las advertencias previas de distintos sectores del Parlamento, que anticipaban un escenario de fuerte división interna en torno a un tratado que lleva más de dos décadas de negociaciones y que fue firmado recientemente en Paraguay. Con esta resolución, será ahora el TJUE, con sede en Luxemburgo, el encargado de determinar si el acuerdo respeta los tratados fundacionales de la Unión Europea y si su mecanismo jurídico es compatible con el derecho comunitario.
Desde la Comisión Europea, el fallo político del Parlamento fue recibido con críticas. "Según nuestro análisis, las cuestiones planteadas por el Parlamento en esta moción no están justificadas", sostuvo el vocero comunitario Olof Gill, quien remarcó que el Ejecutivo europeo considera que el acuerdo cumple con el marco legal vigente. No obstante, aclaró que la remisión al Tribunal no impide que la Comisión evalúe la aplicación provisional del pacto, una herramienta utilizada en otros acuerdos comerciales.
Gill señaló además que los cuestionamientos no son novedosos y que ya fueron abordados en tratados firmados en el pasado, como el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Chile. Tras la votación, el portavoz confirmó que el tema será probablemente discutido por los jefes de Estado y de Gobierno del bloque durante una cumbre extraordinaria prevista para este jueves, originalmente convocada para analizar las relaciones entre la UE y Estados Unidos.
Consultado sobre la posibilidad de aplicar el acuerdo con el Mercosur antes de que se expida el Tribunal de Justicia, Gill explicó que la Comisión seguirá enfocada en el diálogo con los eurodiputados para explicarles por qué, a su entender, "pueden apoyar este acuerdo con confianza" y subrayó la "vital importancia" del tratado tanto en términos económicos como estratégicos y geopolíticos para la Unión Europea.
Las dudas que motivaron el envío del acuerdo a la Justicia están centradas en varios puntos clave. Entre ellos, la validez legal del denominado mecanismo de reequilibrio incluido en el pacto, que algunos legisladores consideran una posible amenaza a la autonomía regulatoria de la UE. También genera preocupación la base jurídica elegida para su aprobación, que permitiría ratificar los capítulos estrictamente comerciales sin necesidad de contar con el aval de los parlamentos nacionales de los Estados miembros.
Según antecedentes del propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, este tipo de dictámenes puede demorar entre 18 y 24 meses. Sin embargo, el organismo judicial tiene "control total" sobre los plazos y procedimientos y puede dar prioridad a un pedido de opinión si las circunstancias políticas o económicas así lo requieren.
Entre los países que celebraron la decisión del Parlamento Europeo se encuentra Francia, uno de los principales opositores al acuerdo UE-Mercosur. La Cancillería francesa, bajo el liderazgo del presidente Emmanuel Macron, consideró que el voto fue "coherente con la posición" histórica del país, que mantiene un rechazo firme al tratado. En paralelo, organizaciones de agricultores y productores agropecuarios franceses se manifestaron frente al Parlamento Europeo para respaldar el pedido de revisión judicial, al considerar que el acuerdo pone en riesgo al sector.
La decisión del Parlamento abre así una nueva etapa de incertidumbre para el futuro del acuerdo con el Mercosur, que continúa generando tensiones entre los Estados miembros, los sectores productivos y las instituciones comunitarias, y cuyo desenlace ahora dependerá del máximo tribunal del bloque.
