La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reclamó de manera formal al gobierno venezolano, actualmente encabezado por Delcy Rodríguez, sucesora política de Nicolás Maduro, la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos que permanecen detenidos en el país. El pedido se produjo en medio de fuertes cuestionamientos a la veracidad de las cifras oficiales difundidas por el chavismo, que aseguró haber excarcelado a 116 personas desde el anuncio realizado el jueves pasado.
Desde la ONU, sin embargo, pusieron en duda esos números y advirtieron que, de acuerdo con sus registros, solo alrededor de 50 personas habrían recuperado efectivamente la libertad, una cifra muy inferior a la informada por las autoridades venezolanas. En ese contexto, la oposición llamó a la cautela y reclamó esperar confirmaciones concretas antes de dar por válidas las liberaciones anunciadas.
En un pronunciamiento oficial, el organismo internacional sostuvo: "De un total estimado de 800 personas detenidas por motivos políticos, hasta el momento solo alrededor de 50 parecen haber sido liberadas, incluidas algunas cuyos casos han sido mencionados en nuestros informes anteriores. Esto está muy lejos de cumplir con las obligaciones internacionales de Venezuela en materia de derechos humanos". Asimismo, manifestaron una especial preocupación por la situación de las mujeres detenidas, al remarcar que la privación de libertad suele tener un impacto agravado en su salud y en sus responsabilidades de cuidado.
El reclamo fue formulado en el marco de un documento titulado "Declaración de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela sobre la liberación de presos políticos", en el que la ONU alertó haber documentado "de manera amplia el uso generalizado y sistemático de la detención arbitraria como herramienta de represión" por parte del Estado venezolano.
En ese sentido, la Misión reiteró su llamado a la liberación inmediata e incondicional de todas las personas privadas arbitrariamente de la libertad, y subrayó que cualquier necesidad de atención médica de quienes recuperen la libertad debe ser atendida de manera urgente, dadas las condiciones de detención denunciadas en informes previos.
Otro de los puntos centrales del comunicado fue el impacto de las detenciones en las familias de los presos políticos. Desde la ONU expresaron una profunda preocupación por la falta de información y reclamaron que los familiares reciban datos claros y oportunos sobre el paradero y la situación jurídica de sus seres queridos. Además, exigieron que se garantice el acceso a visitas regulares y denunciaron la detención prolongada en régimen de incomunicación, una práctica que calificaron como una grave violación a los derechos humanos.
El organismo internacional también instó a las autoridades venezolanas a actuar con transparencia y urgencia, reclamando información pública sobre los planes de futuras liberaciones, los criterios aplicados, los plazos previstos y el número de personas contempladas. Al mismo tiempo, exigieron que las condiciones de detención se adecuen de inmediato al derecho internacional, incluyendo el acceso a atención médica, abogados y familiares, y el cese inmediato de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
La Misión señaló además que continúa siguiendo de cerca la evolución de la situación en Venezuela y manifestó su preocupación por el contexto persistente de represión, aun en medio de las liberaciones recientes. En ese marco, alertaron sobre la presencia de colectivos armados patrullando ciudades, intimidando a la población, realizando requisas e inspecciones de teléfonos móviles, así como denuncias de nuevas detenciones por expresar opiniones políticas.
Finalmente, la ONU advirtió que sigue existiendo una necesidad urgente de poner fin a todas las prácticas represivas en Venezuela y reclamó a la comunidad internacional que priorice la defensa de los derechos humanos en este momento clave. No obstante, también expresó su satisfacción por las liberaciones concretadas en los últimos días, al considerar que "toda medida que permita restituir la libertad a personas detenidas arbitrariamente constituye un paso importante para las víctimas y sus familias".
