Este domingo, México vivirá una jornada electoral inédita: por primera vez, los ciudadanos votarán de forma directa para elegir jueces en todos los niveles del sistema judicial, desde tribunales de primera instancia hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con esta decisión, el país se convierte en el primero del mundo en someter a elección popular a una porción tan amplia del Poder Judicial.
En esta primera etapa se definirán los cargos de más de 850 jueces federales y miles a nivel local, incluidos los nueve ministros de la Corte Suprema. El resto será designado en una segunda elección prevista para 2027. Todos los jueces electos cumplirán mandatos de nueve años y podrán ser reelegidos mediante voto popular. El nuevo esquema elimina el sistema de carrera judicial basado en el mérito.
La reforma fue impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y consolidada por la actual mandataria, Claudia Sheinbaum, quien asumió el poder en octubre pasado. Para la presidenta, la medida representa un avance democrático decisivo: "México será el país más democrático del mundo", declaró al destacar que ahora el pueblo elegirá a los tres poderes del Estado.
Críticas por posible politización
Sin embargo, el proyecto genera controversia. Distintos expertos, activistas y juristas consideran que la reforma representa una amenaza directa a la independencia judicial, al abrir la puerta a la politización de los tribunales.
Durante su mandato (2018-2024), López Obrador mantuvo un discurso abiertamente crítico contra el Poder Judicial, al que acusó de servir a intereses elitistas y de obstruir sus políticas. La misma línea ha seguido Sheinbaum, respaldada por Arturo Zaldívar, expresidente de la Corte y uno de los artífices de la reforma. Ambos han apuntado contra la ministra saliente, Norma Piña, a quien acusaron de encabezar una "oposición aliada con la oligarquía".
Con mayoría agravada en el Congreso, el oficialismo logró aprobar las reformas constitucionales en septiembre de 2024 sin necesidad de negociar con la oposición. La reacción fue inmediata: empleados judiciales, abogados y estudiantes marcharon en huelga bajo consignas como "La justicia no es un concurso de popularidad".
Riesgos institucionales
Los especialistas alertan sobre consecuencias potencialmente graves. Temen la elección de jueces sin formación adecuada o con vínculos con el crimen organizado. De hecho, algunos de los candidatos están siendo investigados por delitos o han defendido legalmente a cárteles de la droga.
El expresidente Ernesto Zedillo no dudó en calificar la reforma como el "fin de la democracia en México", mientras que organismos internacionales también manifestaron su preocupación. La ONU recordó que la elección partidista de jueces va contra el principio de imparcialidad judicial establecido en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La experiencia internacional tampoco es alentadora. En Estados Unidos, donde algunos jueces son electos, casos como el del multimillonario Elon Musk -quien financió con 21 millones de dólares una campaña judicial en Wisconsin- muestran cómo el dinero puede distorsionar la justicia. En Bolivia, país que adoptó un sistema similar en 2011, la participación electoral ha sido baja y los resultados, decepcionantes: ciudadanos desinformados y candidatos seleccionados por el partido gobernante.
El dilema del sistema judicial mexicano
A pesar de las críticas, hay consenso en que el sistema judicial mexicano atraviesa una profunda crisis. Corrupción, impunidad y falta de eficacia son problemas estructurales. Según Human Rights Watch, casi la mitad de los ciudadanos desconfía del Poder Judicial y nueve de cada diez delitos ni siquiera se denuncian. Sin embargo, muchos expertos señalan que el problema de fondo está más en los fiscales y en las fuerzas de seguridad que en los jueces.
Desde la academia, voces como la del argentino Roberto Gargarella califican la reforma como "una de las mayores tragedias institucionales de nuestro tiempo". En la misma línea, Luis Gómez Romero, profesor de Derecho Constitucional en Australia, advierte que esta elección no solo compromete al sistema judicial, sino al equilibrio democrático del país.
"Si el Poder Judicial se convierte en una arena más de disputa política, la democracia mexicana perderá una de sus últimas defensas. El autoritarismo se consolida cuando se apagan las luces del último tribunal imparcial", sentencia.