Francia volvió a vivir este jueves una jornada de protestas masivas contra la política de austeridad y en reclamo de mayor presión impositiva sobre las grandes fortunas. La movilización, convocada por los principales sindicatos, tuvo como blanco al nuevo primer ministro, Sébastien Lecornu, y expresó también el descontento generalizado hacia el presidente Emmanuel Macron.
Las manifestaciones surgieron como respuesta al plan presupuestario de 2026 presentado por el ex primer ministro François Bayrou, que contemplaba recortes por 44.000 millones de euros y la eliminación de dos días feriados. Aunque el Parlamento rechazó la iniciativa y Lecornu prometió que no avanzará con esa medida, los sindicatos decidieron mantener la convocatoria y denunciar lo que llaman el "museo de los horrores" de la austeridad.
Según cifras oficiales, unas 500.000 personas participaron de la jornada; la central CGT, en cambio, estimó la concurrencia en más de un millón. Para Marylise Léon, secretaria general de la CFDT, la protesta fue una "advertencia muy clara" para el nuevo jefe de gobierno.
Un país paralizado
La huelga afectó trenes regionales, transporte público, escuelas, farmacias y generó bloqueos parciales en distintos puntos del país. El ministerio del Interior desplegó 80.000 efectivos para garantizar el orden. Si bien las marchas se desarrollaron en general de manera pacífica, en París, Nantes y Rennes la policía utilizó gases lacrimógenos y se produjeron 181 detenciones.
En la capital, un grupo de manifestantes irrumpió brevemente en el ministerio de Finanzas con un mensaje directo: "Busquen el dinero donde está: en los bolsillos de los más ricos", declaró Fabien Villedieu, referente del sindicato SUD Rail.
Reclamos y contexto político
Los cánticos y pancartas giraron en torno a dos consignas centrales: frenar la austeridad y avanzar hacia una "justicia fiscal" mediante la llamada "tasa Zucman", un impuesto del 2% anual a los patrimonios superiores a 100 millones de euros. Según un reciente sondeo, el 86% de los franceses apoya esta medida, aunque Lecornu ya la rechazó por la oposición de conservadores, empresarios y la extrema derecha.
Los sindicatos también exigieron revertir la reforma previsional de 2023 y reforzar los servicios públicos, demandas presentes desde el movimiento de los "chalecos amarillos" hasta las huelgas contra el aumento de la edad jubilatoria.
Lecornu, que debe presentar un nuevo proyecto de presupuestos a mediados de octubre, enfrenta la presión de reducir un déficit fiscal de 5,8% del PBI y una deuda pública equivalente al 114%. El desafío es mayúsculo: sus dos predecesores ya cayeron por falta de apoyo parlamentario y la agencia Fitch degradó recientemente la calificación de la deuda soberana francesa.
