El Gobierno de Venezuela anunció su decisión de retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI) y Estados Unidos recibió la medida con una fuerte declaración de respaldo al gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. La decisión abrió un nuevo capítulo de tensión alrededor del tribunal internacional, cuya actuación es cuestionada tanto por Caracas como por Washington.
El Departamento de Estado estadounidense celebró este sábado la decisión venezolana y aprovechó el anuncio para intensificar su campaña contra la CPI, a la que volvió a calificar de "corrupta", "sin valor" y carente de legitimidad. En un comunicado, Washington dio la bienvenida a la decisión anunciada por Rodríguez y sostuvo que el nuevo Gobierno venezolano se suma a los esfuerzos encabezados por Estados Unidos para "desmantelar" la Corte.
La reacción estadounidense llegó un día después de que el Gobierno venezolano anunciara su decisión "firme e irrevocable" de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar formalmente el proceso de retirada de la institución.
Los cuestionamientos de EE.UU
El Departamento de Estado sostuvo que la Corte Penal Internacional ha estado "investigando" a Nicolás Maduro desde 2018 sin ningún resultado. A partir de ese argumento, el Gobierno estadounidense acusó al tribunal de destinar recursos a investigar y acusar a ciudadanos de países con sistemas judiciales que calificó como "competentes e independientes" y que nunca aceptaron su jurisdicción.
Según Washington, esa actuación representa una muestra de "extralimitación", "sesgo político" y "aplicación selectiva de la justicia". El Gobierno estadounidense sostuvo además que la CPI "no es creíble, independiente ni legítima".
La Administración del presidente Donald Trump destacó que Maduro, detenido en Estados Unidos, enfrenta ahora a la justicia estadounidense por los delitos que presuntamente cometió. El comunicado concluyó con un llamamiento para que todos los Estados parte abandonen el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la Corte Penal Internacional.
La postura de Washington convierte la salida anunciada por Venezuela en un nuevo punto dentro de una campaña más amplia contra el tribunal, al que Estados Unidos cuestiona desde hace años por sus intentos de ejercer jurisdicción sobre ciudadanos de países que no forman parte de la institución.
La postura de Venezuela
El canciller venezolano, Félix Plasencia, sostuvo que la Corte Penal Internacional concentró de forma "desproporcionada" sus investigaciones en países africanos y latinoamericanos. El funcionario acusó al tribunal de actuar con un sesgo que, según su planteo, responde a intereses ajenos a la justicia.
De acuerdo con lo explicado por el canciller, y por instrucciones de Delcy Rodríguez, la decisión de Venezuela ya fue comunicada al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.
La presidenta encargada también cuestionó el historial de actuaciones de la CPI y acusó al tribunal de haber dirigido sus acciones contra países del denominado "sur global". Frente a esa situación, defendió que Venezuela apuesta por una justicia internacional basada en el respeto de la soberanía y el derecho internacional.
La salida anunciada por el Gobierno venezolano se presenta así como una decisión política y jurídica que busca marcar distancia con el funcionamiento de la Corte y con el modo en que, según Caracas, se han desarrollado sus investigaciones.
La retirada no será inmediata
La Corte Penal Internacional lamentó la decisión venezolana y recordó que la retirada no tendrá efecto inmediato. Conforme al Estatuto de Roma, Venezuela seguirá siendo Estado parte durante un año desde la notificación formal.
Durante ese período, el país deberá continuar cooperando con las investigaciones y los procedimientos que ya fueron iniciados.
La investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela permanece abierta desde 2018, luego de una remisión presentada por varios Estados. El expediente se centra en hechos ocurridos desde 2017.
Aunque el entonces gobierno de Nicolás Maduro intentó frenar el proceso argumentando que la justicia venezolana investigaba esos delitos, la Corte autorizó en 2023 la reanudación de las pesquisas.
La situación adquiere una importancia central en el proceso de salida anunciado por Caracas, ya que la retirada no elimina de manera inmediata las obligaciones asumidas por el Estado venezolano en relación con los procedimientos iniciados antes de que la salida tenga efecto.
Dos ONG rechazaron la decisión del Gobierno venezolano
Tras los anuncios del gobierno de Delcy Rodríguez, dos organizaciones no gubernamentales expresaron su desacuerdo con la decisión oficial y reclamaron que la investigación de la Corte Penal Internacional continúe.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos exigió, a través de un comunicado difundido este sábado, a la Fiscalía de la CPI que continúe "sin dilación" la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde 2017.
La organización pidió además que la investigación sea preservada durante un año, hasta que se formalice la salida de Venezuela de la entidad.
Por su parte, PROVEA, una ONG dedicada a la defensa de los derechos humanos, rechazó la determinación del gobierno de Delcy Rodríguez. Desde esa organización señalaron que el Estatuto de Roma establece que la retirada de un Estado "no afectará la cooperación con la Corte en relación con las investigaciones y los procedimientos penales respecto de los cuales el Estado que se retira tenía el deber de cooperar y que se iniciaron con anterioridad a la fecha en que la retirada surtió efecto".
PROVEA sostuvo además que se mantienen las obligaciones de cooperación del Estado venezolano, incluido el cumplimiento de órdenes de captura que puedan hacerse públicas en el futuro.
La histórica tensión entre EE.UU y la Corte Penal Internacional
La celebración de Washington por la decisión de Venezuela se inscribe en una relación históricamente tensa entre Estados Unidos y la Corte Penal Internacional. Estados Unidos nunca ratificó el Estatuto de Roma y mantiene la posición de que el tribunal carece de jurisdicción sobre ciudadanos estadounidenses.
Durante su primer mandato, Donald Trump impuso sanciones contra funcionarios de la Corte por investigar posibles crímenes de guerra cometidos por fuerzas estadounidenses en Afganistán.
Aunque esas medidas fueron levantadas posteriormente por el presidente Joe Biden, Washington continuó rechazando cualquier intento de la CPI de ejercer jurisdicción sobre ciudadanos de países que no forman parte del tribunal.
Durante su segundo mandato, Trump retomó una postura de confrontación con la Corte, especialmente tras las actuaciones relacionadas con Israel, y volvió a insistir en que la institución actúa con motivaciones políticas y excede el mandato para el que fue creada.
