En un fallo de alto impacto institucional que sacude los cimientos del ecosistema de negocios vinculado a la gestión anterior, el juez federal Sebastián Casanello dictó el procesamiento de la firma Héctor Martínez Sosa y Compañía S.A., propiedad del broker estrechamente vinculado por una relación de amistad con el expresidente Alberto Fernández. La resolución, emitida en los últimos días de la subrogancia de Casanello al frente del Juzgado Federal Nº 11, marca un hito en la investigación sobre presuntas irregularidades en la contratación de seguros estatales entre el 10 de diciembre de 2019 y marzo de 2024.

La justicia acusa formalmente a la empresa de Martínez Sosa por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Como medida cautelar para asegurar eventuales responsabilidades, el magistrado le impuso un embargo astronómico de 2.870.729.545,61 pesos. Esta decisión no es aislada: el fallo alcanza a otras seis sociedades intermediarias y a un exfuncionario clave de la estructura de confianza de la Quinta de Olivos, configurando lo que la justicia describe como un esquema de intermediación diseñado para el cobro de comisiones millonarias a través de Nación Seguros.

La resolución judicial desglosa un entramado de empresas que habrían actuado como partícipes necesarios en la maniobra. El juez Casanello fue contundente al asignar responsabilidades y fijar embargos proporcionales a la actividad investigada en cada firma. La lista de las sociedades procesadas por negociaciones incompatibles incluye montos que reflejan la magnitud del negocio bajo sospecha:

• Bachellier S.A.: Procesada con un embargo de 9.669.697.257,25 pesos.
• San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales: Procesada por el delito de dádivas, con un embargo de 7.866.484.968,3 pesos.
• San Germán Seguros S.A.: Imputada por negociaciones incompatibles y cohecho activo (pago de sobornos), con un embargo de 6.582.763.800,51 pesos.
• TG Broker S.A.: Alcanzada por un embargo de 2.190.607.187,86 pesos.
• San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros S.A.: Procesada por negociaciones incompatibles y cohecho activo, con un embargo de 1.872.781.809,21 pesos.
• Bri Broker S.A.: Afectada por un embargo de 851.650.603,17 pesos.

En contraste con estas definiciones, el magistrado dictó la falta de mérito para la firma Levelar S.A., al considerar que la prueba recolectada hasta el momento no es suficiente para procesarla ni para sobreseerla en esta etapa de la instrucción.

La caída de un hombre de confianza en Olivos

El fallo de Casanello también perfora la estructura de funcionarios públicos. Se dispuso el procesamiento de Hugo Daniel Rodríguez, quien se desempeñó como administrador de la Residencia Presidencial de Olivos y fue un colaborador estrecho de Alberto Fernández. A Rodríguez se le imputan los delitos de negociaciones incompatibles (como partícipe secundario) e incumplimiento de los deberes de funcionario público (como autor). El embargo sobre sus bienes se fijó en 787.997.801,56 pesos.

Según el magistrado, existió una tolerancia sistémica dentro de las personas jurídicas hacia las conductas de quienes las representaban formal o informalmente. Las firmas involucradas no adoptaron medidas de prevención, carecían de programas de integridad y, fundamentalmente, no procedieron a la devolución de los beneficios obtenidos indebidamente pese a los riesgos evidentes de sus contrataciones con el Estado y con la aseguradora pública.

El antecedente del expresidente y el mecanismo del decreto

Este avance judicial se produce meses después de que la Cámara Federal porteña confirmara, en noviembre pasado, el procesamiento de Alberto Fernández por administración fraudulenta y negociaciones incompatibles. Aquella resolución fue clave al señalar que el expresidente habría intervenido en favor de intereses privados vinculados a su entorno a través de su secretaria, María Cantero, pareja de Martínez Sosa.

El mecanismo central de la presunta estafa radicó en la firma de un decreto que concentró todas las pólizas de seguro del Estado en Nación Seguros. Esta centralización permitió un aumento exponencial de los negocios que luego fueron captados por intermediarios privados organizados en torno al broker Martínez Sosa, con la presunta connivencia de funcionarios de la aseguradora pública. El fallo actual de Casanello viene a cerrar el círculo sobre las empresas que habrían usufructuado este esquema de corrupción durante más de cuatro años.