En la apertura del Juicio Político al fiscal Laureano Palacios, que se ventila en las instalaciones de la Escuela de Capacitación Judicial, la defensa del fiscal denunciado por mal desempeño presentó unas series de planteos preliminares a través de los que solicitó "la nulidad absoluta de la acusación". Según expresó el letrado José Camps al tribunal, los planteamientos se basan en diversas cuestiones, como "la incorporación de prueba ilegalmente obtenida", "la caducidad del plazo de sustanciación del proceso" y "la existencia de prueba determinante y pendiente de producción".
Al referirse a la incorporación de prueba ilegalmente obtenida, el letrado apuntó directamente al Dr. Hugo Costilla, quien es el fiscal que está a cargo de la causa por el crimen del exministro Juan Carlos Rojas desde que Palacios fue apartado: "... Entonces, que el Fiscal de Instrucción Penal de Quinta Nominación en forma paralela al presente proceso haya investigado el desempeño del fiscal Palacios, cuando no tenía jurisdicción ni competencia para hacerlo, y que esa investigación haya sido utilizada para el presente proceso, ha tornado ilegal la obtención de dichas pruebas, ya que se ha inmiscuido en tareas que no le estaban habilitadas a realizar, sino que eran exclusivas del Fiscal del jury y/o del Tribunal de Enjuiciamiento."
En cuanto a la caducidad del Plazo de sustanciación del Proceso, Camps explicó que la ley establece un plazo máximo de setenta días para la sustanciación de la causa, contados a partir de la resolución fundada que da curso a la denuncia. Sin embargo, hasta la fecha actual, no se ha emitido una sentencia al respecto, lo cual excede ampliamente el tiempo establecido legalmente: "El art. 31 de la ley 4247 contempla un plazo máximo de setenta (70) días de sustanciación de la causa, a contar desde la resolución fundada que dé curso a la denuncia, hecho que ocurrió el 27 de diciembre de 2022, y que hasta la fecha no existe sentencia al respecto. [...] un proceso que acumula insostenibles violaciones a los derechos fundamentales, y contradicciones lógicas y técnicas insuperables, con la pérdida de la jurisdicción del Tribunal por la caducidad del plazo máximo, la cual debe producir la automática pérdida de jurisdicción en resguardo del debido proceso y el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.", expresó.
Finalmente, Camps se refirió a la suspensión del proceso por existir prueba determinante y pendiente de producción: "Esta es una cuestión que ya fue oportunamente planteada, pero consideramos que es válida el replanteo, en razón de que con fecha 17 de mayo de 2023, el Fiscal Penal de Quinta Nominación [...] puso en duda los dos protocolos de autopsia efectuados por el CIF -Cuerpo interdisciplinario forense-, por lo que solicito que la Unidad de Criminalística de Alta complejidad de la Superintendencia de la Policía Federal Argentina determine científicamente mediante el análisis de los dos protocolos de autopsias [...]. Por lo que si la acusación que se acaba de leer -haciendo referencia al decreto intimado a Palacios- el fiscal considera que el Fiscal Palacios conocía o tenía que conocer porque todo el mundo conocía que estaba ante un acto homicida, resulta falso [...]". Remarcando: "cómo es posible reprocharle al Fiscal Palacios una situación fáctica que aún no se encuentra dilucidada o por lo menos está en duda por quienes llevan adelante la causa -investigacion del crimen de Rojas-".
Luego de escuchar estos planteos preliminares de la defensa que buscaba invalidar la acusación contra el fiscal Laureano Palacios, la presidenta del tribunal le corrió vista al fiscal del Jury, resolviendo no hacer lugar a lo solicitado, remitiéndose a los autos dictados oportunamente, donde fueron abordados cada uno de los "planteos" de la defensa.
La primera audiencia continuó, luego, con la declaración del fiscal Palacios.
