A más de dos meses del homicidio de Juan Carlos Rojas, exministro de Desarrollo Social de la Provincia, la familia del exfuncionario del ejecutivo está preocupada de que el asesinato quede impune.
Han pasado 77 días de ocurrido el crimen y los investigadores tienen al menos cinco líneas de investigación, lo que significa para la familia que “concretamente no tienen nada”.
Es “intolerable”-refirieron-, que a esta altura de las circunstancias la fiscalía no sepa quién mató a Juan Carlos Rojas, por qué lo mataron; si se trata de un móvil “pasional”, “económico”, “político”, no lo saben, y hasta me animaría a decir que no saben “certeramente” por qué no hay resultado de una prueba pericial, por ejemplo, que confirme que efectivamente el suelo de la galería de la casa de Rojas, donde su hijo Fernando encontró su cuerpo boca abajo el domingo 4 de diciembre, sea “el lugar donde lo asesinaron”. Fue el propio Fernando quien dijo a la prensa que, luego de que la Policía se retiró de la casa, tras el hallazgo del cuerpo, él “encontró” los lentes de su papá en el patio posterior.
En cuanto al informe digital practicado sobre los 14 teléfonos celulares secuestrados en el marco de la causa, surgieron datos preliminares que deben ser investigados a profundidad. Lo que “se encontró” da hincapié a la ejecución de las medidas que el fiscal pudiera determinar”, aseguraron desde el entorno familiar de la víctima.
Sin embargo, al ser consultados puntualmente sobre ese “hallazgo”, solo se limitaron a indicar que, por el momento, no darán mayores detalles a la prensa para no entorpecer estas medidas que orientan, a entender del abogado querellante de los hijos de Rojas, Dr. Iván Sarquis, a nuevas líneas de investigación que puede llevar adelante el fiscal.
Falsas promesas
Esta angustia de la familia de Rojitas, como todos lo conocían, es también porque no ven reflejadas las promesas que en la prensa hizo la ministra de Seguridad de la provincia, Dra. Fabiola Segura, al día siguiente de confirmar la autopsia que se trató de una muerte violenta.
Es decir, que ante la magnitud del hecho acecido, pondrían a disposición todos los medios tecnológicos y recursos humanos con los que cuenta el ministerio a su cargo, para el pronto esclarecimiento del asesinato del ministro, como también que fuerzas nacionales intervendrían en la causa y se les aportaría desde el gobierno nacional, refiriendo la ministra que había tenido una comunicación directa con su par, quien se puso a disposición para “agilizar” todas las medidas probatorias -pericias- que el fiscal necesitara para la causa.
Todo eso parecen haber sido solo declaraciones para la prensa por parte de la funcionaria, indicando desde la familia que “Si en verdad están haciendo algo, no se nota. Nosotros no podemos como parte querellante ir a exigirle al fiscal que tome tal o cual medida, si no cuenta con el resultado de las pericias que se ordenaron ya hace más de dos meses. Por eso, para nosotros la causa está como el día cero. Los investigadores no tienen nada, por eso son tantas las líneas investigativas que siguen (ver aparte)”, expresó el entrevistado.
En otro punto de la nota, también vinculado a las pruebas periciales, se dijo que “Es irrespetuoso que no se pueda saber si en la cámara de seguridad aparece una persona o dos; que no se pueda conocer las pruebas de ADN. A esta altura es inviable la investigación del crimen con este escenario. Nos resulta irracional pensar en el esclarecimiento del crimen si, por cada pericia que se realice, nos va a llevar 60 días una conclusión”, remarcaron.
Además, señalaron las sospechas por parte de la justicia para con Fernando, el hijo de Juan Carlos, a quien no le permiten aun constituirse como querellante junto a sus hermanas en el expediente. La familia se “siente abandonada por el Ministerio Público y el Ministerio de Seguridad. Ambos prometieron poner todo y trabajar arduamente, pero no es así, las dilataciones son injustificadas”. “Tenemos miedo de que el caso quede impune”, volvieron a remarcar.
Finalmente, señalaron desde el círculo familiar que “la impunidad de cualquier crimen es intolerable”.
Es intolerable, agregaron “que el crimen del ministro quede impune. Aquí hay responsables políticos, funcionarios del ejecutivo y de la Corte de Justicia. La familia no está obteniendo los resultados, ni de las pruebas ni de las medidas solicitadas a la fiscalía”.
