El fiscal Jorge Flores, titular de la Fiscalía de Tercera Circunscripción Judicial con asiento en Belén, será sometido desde hoy al juicio político por presuntas irregularidades en el ingreso de camioneros, que habrían transitado por el departamento con testeos PCR vencidos, en el mes de septiembre del año 2020.  El enjuiciamiento podría llevar a la destitución del cargo del funcionario, quien actualmente se encuentra de licencia.  
El Dr. Alejandro Dalla Lasta será el fiscal del jury y los Dres. Aguiar y Riol, los defensores de Flores. El proceso se llevará a cabo en el Salón San Martín de la Corte de Justicia, a partir de las 9.00 de la mañana de hoy y contará con 40 testigos, por lo que se prevé que el jury se extienda durante toda la semana.  
El tribunal del jury está presidido por el presidente de la Corte de Justicia de Catamarca, Dr. Carlos Miguel Figueroa Vicario, por la Cámara de Senadores, Luis Raúl Chico y suplentes Oscar Alfredo Vera y Jorge Omar Solas Jais, por la Cámara de Diputados Augusto Barros y Juana Fernández, suplente Guillermo Marenco y Carlos Marsilli y por el Colegio de Abogados, la Dra. María Antonia Rojo y Adriana del Carmen Guzmán.  
Desde el Tribunal de Alzada se decidió no hacer lugar al pedido de archivo de la causa, y se dispuso que las actuaciones sean enviadas al Tribunal de Enjuiciamiento de funcionarios y magistrados de la provincia para la apertura del juicio político a Flores. 
En septiembre del año 2020,  el fiscal Flores fue denunciado por el concejal Guillermo Valdez Franco (Frente de Todos) por supuestas irregularidades en los controles de ingreso de camioneros al departamento. Supuestamente, habría autorizado el paso de camiones que serían de una empresa a su nombre, en plenas restricciones por la pandemia del COVID-19. Tras la denuncia del concejal, el Tribunal de Enjuiciamiento inició una investigación solicitando informes a la fiscal subrogante, Verónica Rita Saldaño, sobre dichas irregularidades, como así también pidió informes sobre otras causas que involucrarían también al fiscal. 
En relación a la causa de origen, el ingreso de los camiones a la localidad, la fiscal subrogante solicitó como primera medida la investigación jurisdiccional al juez de Control de Garantías, Miguel Oreste Piovano, quien se inhibió recayendo la decisión en el juez civil Miguel Ángel Aybar.  
Según la denuncia del concejal, las irregularidades estarían en los controles de ingreso al departamento, que habrían agravado la situación local por la pandemia del COVID-19. El edil apuntó al fiscal Flores al afirmar que estaría vinculado con una empresa transportista, cuyos camiones no habrían sido controlados y habrían transitado con testeos PCR vencidos. Cuando se conoció la denuncia en su contra, Flores había reconocido que su esposa tiene una empresa de transporte, pero negó rotundamente que los choferes que presuntamente entraron contagiados con el virus formen parte de esa firma y aseguró que lo habían acusado por “envidia”.  
Voceros consultados indicaron que sobre el fiscal recayeron otras denuncias, pero unas fueron desestimadas por el tribunal y otras se dispuso que pasaran a la Secretaría de Sumarios de la Corte para que se investiguen.