Consultado por LA UNIÓN, Jorge Bracamonte, uno de los abogados que representa la querella de inversores damnificados por la financiera Callvu, señaló que está analizando la posibilidad de "solicitar al Ministerio Público fiscal que promueva una investigación por el delito de falso testimonio y/o que se profundice la investigación", para determinar si las cinco personas que afirmaron haber cobrado mediante un acuerdo son partícipes o no “de la comisión de todos los delitos de estafa que se están investigando o, por lo menos, si no están ayudando a encubrir a Rojo u obstaculizando el proceso”.

“En este orden de ideas justamente hay que prestar especial atención a las circunstancias de que estas personas se encuentran vinculadas por nexos familiares con el imputado, asimismo algunas de las cuales jamás suscribieron ni siquiera un contrato inicial de inversión con la empresa investigada, pero da la casualidad de que fueron llamados para recibir un pago en concepto de cancelación del monto adeudado”, manifestó el letrado.