La estabilidad política del departamento Ancasti se encuentra nuevamente bajo la lupa judicial. El concejal Luis Darío Brizuela formalizó una presentación ante el Juzgado Electoral Provincial para solicitar una "declaración de certeza" que arroje luz sobre la sucesión en el Ejecutivo Municipal. El conflicto surge tras la renuncia de Rodolfo Santillán, quien el pasado 9 de diciembre dejó la intendencia para asumir su banca como senador provincial, dejando un vacío de poder que, según la oposición, debe resolverse mediante el voto popular.
El eje de la polémica: la Ley 4640
El planteo judicial de Brizuela se apoya estrictamente en el artículo 40 de la Ley Provincial N° 4640 (Ley Orgánica Municipal). Esta normativa es taxativa respecto a las vacantes en el Ejecutivo: establece que el presidente del Concejo Deliberante puede completar el mandato del intendente únicamente si han transcurrido al menos dos años y un día desde el inicio de la gestión.
En el caso de Rodolfo Santillán, su mandato actual comenzó el 10 de diciembre de 2023 y debía finalizar en 2027. Al haber transcurrido apenas un año de gestión, el edil sostiene que no se cumple el requisito de temporalidad mínima para una sucesión directa por parte del cuerpo legislativo. En consecuencia, la ley obligaría a la convocatoria de elecciones anticipadas para que los ciudadanos de Ancasti elijan a un nuevo jefe comunal que complete el período constitucional.
Para el concejal Brizuela, la situación actual reviste una gravedad institucional que no puede ser ignorada. En su presentación, advirtió que omitir el llamado a elecciones derivaría en una "aberración electoral" y advirtió sobre la posibilidad de que se incurra en el delito de usurpación de cargo, dado que la legitimidad de quien ocupe el sillón municipal sin el respaldo de las urnas estaría viciada de nulidad.
"Estamos ante un impedimento definitivo del intendente electo. La ley es clara: si no pasó la mitad del mandato, la soberanía vuelve al pueblo", señalaron fuentes cercanas a la presentación judicial.
Antecedentes: Icaño y el caso Córdoba
La presentación ante la Justicia Electoral no es aislada, sino que se nutre de la historia política reciente de Catamarca. Brizuela recordó dos casos antagónicos que marcan el precedente legal en la provincia:
El caso Pío Carletta (Icaño): El exintendente, tras ser electo senador, retrasó su renuncia y asunción en la Cámara Alta hasta después de cumplir los dos años y un día de mandato municipal. Esta maniobra técnica evitó legalmente el llamado a elecciones anticipadas, permitiendo una sucesión interna.
El antecedente de Antonio Córdoba (Ancasti): Tras el fallecimiento del entonces intendente Córdoba, al no haberse alcanzado el plazo mínimo de dos años de gestión, la justicia y el Ejecutivo provincial procedieron conforme a la ley y convocaron a elecciones extraordinarias, proceso en el cual resultó electo precisamente Rodolfo Santillán.
Los próximos pasos
Ahora, la pelota está en el terreno de la Justicia Electoral Provincial, que deberá determinar si el Concejo Deliberante de Ancasti tiene la obligación de fijar un cronograma electoral inmediato. La resolución de este conflicto no solo definirá el futuro de Ancasti, sino que sentará un precedente clave para otros municipios que enfrentan situaciones de recambio legislativo de sus mandatarios.
Mientras tanto, el departamento permanece en una tensa espera administrativa, aguardando un fallo que garantice la seguridad jurídica y la legitimidad de sus autoridades.