El exdiputado nacional por Salta Emiliano Estrada quedó finalmente imputado en una causa judicial en la que se lo investiga por la presunta utilización de fondos públicos para financiar una campaña de fake news dirigida contra el gobierno provincial. Según la acusación, los contenidos difundidos en redes sociales vinculaban de manera falsa a funcionarios y referentes del ámbito político, empresarial y periodístico de Salta con actividades relacionadas con el narcotráfico.

La imputación se concretó en las últimas horas, luego de varios meses de dilaciones procesales y maniobras judiciales que habían impedido avanzar formalmente con el expediente. Hasta ahora, Estrada había logrado evitar la imputación en un entramado de planteos, ausencias a audiencias y discusiones sobre la competencia de distintos juzgados.

Estrada, dirigente de La Cámpora e integrante de Unión por la Patria, fue ministro de Economía de Salta durante la gestión de Juan Manuel Urtubey entre 2017 y 2019. Además, fue uno de los dirigentes que visitó en dos oportunidades a Cristina Fernández de Kirchner en su departamento de San José 1111, luego de que la expresidenta fuera condenada. En septiembre lo hizo junto a Urtubey y, en noviembre, volvió a concurrir para la polémica reunión con un grupo de economistas que derivó en la decisión judicial de limitar las visitas a la exmandataria.

El mandato de Estrada como diputado nacional venció el 10 de diciembre, lo que terminó de destrabar su situación procesal. Aunque la investigación que lo involucra se encuentra en curso desde hace meses, la imputación formal recién pudo concretarse ahora.

En los inicios de la causa, impulsada por el Ministerio Público Fiscal, estaban imputadas tres personas, dos de ellas exasesores del entonces legislador, acusadas de los delitos de abuso de autoridad y peculado de servicios. Posteriormente, se sumó un cuarto imputado y, finalmente, Estrada quedó formalmente incorporado como el principal señalado.

Según la acusación fiscal, el exdiputado habría instruido a sus asesores para la creación de videos con "contenidos dudosos" en la plataforma TikTok, en los que se asociaba al gobierno provincial con redes de narcotráfico. El fiscal remarcó que quienes producían ese material cumplían funciones en el Congreso de la Nación, por lo que el financiamiento de la maniobra se habría realizado con recursos del Estado nacional.

Durante el proceso, Estrada intentó ampararse en la inmunidad parlamentaria, argumentando que se trataba de una persecución política. Sin embargo, el fiscal general sostuvo que ese "paraguas de inmunidad" solo es aplicable cuando las expresiones cuestionadas se realizan en el recinto del Congreso o a través de medios de comunicación, algo que no ocurría en este caso. De acuerdo con la investigación, los videos habrían sido producidos de forma clandestina y anónima, lo que deja fuera de alcance ese beneficio constitucional.

Quiénes son los otros imputados

Estrada es el cuarto imputado en la causa y está señalado como el autor intelectual de la creación de una red de cuentas en TikTok destinadas exclusivamente a difamar y difundir noticias falsas. Las cuentas identificadas por la Justicia son "La Casta Salteña", "La Casta de Sáenz" e "Informante Salta".

Otros dos imputados, Florencia Bustamante y Alonso Allemand, exasesores de Estrada contratados por la Cámara de Diputados, declararon que era el entonces legislador quien definía los contenidos, enviaba los guiones y aprobaba los videos antes de su publicación.

El cuarto imputado es Juan Capisano, creador del perfil "Casta Salta", quien declaró ser empleado del empresario de medios Federico Mena Saravia.

Un camino judicial lleno de obstáculos

La imputación de Estrada se produjo tras un extenso recorrido judicial que mantuvo la causa virtualmente paralizada durante meses. El expediente pasó por jueces que se declararon incompetentes, pedidos de acumulación con otras investigaciones y planteos de magistrados que intentaron quedarse con el caso, entre ellos Sebastián Casanello.

Finalmente, la jueza Mariela Giménez, del Juzgado Federal N°2 de Salta, rechazó esos pedidos y mantuvo la causa bajo su órbita. El fiscal general Carlos Martín Amad intentó avanzar con la imputación, pero se encontró con la reiterada ausencia de Estrada a las audiencias, pese a estar debidamente notificado.

Ante esa situación, el Ministerio Público Fiscal solicitó el desafuero del entonces diputado, pedido que fue rechazado en primera instancia, pero luego aceptado por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. La defensa intentó posteriormente recusar a la jueza Giménez, pero el planteo fue desestimado por extemporáneo.

Esa cadena de incidentes provocó que una imputación que estaba lista desde enero se demorara casi un año. Finalmente, en las últimas horas, Estrada escuchó de manera virtual la lectura de los hechos que se le imputan, en un caso que vuelve a tensar el vínculo entre política, Justicia y redes sociales.