El Senado se prepara este viernes para una jornada decisiva en el tratamiento del Presupuesto 2026 y de la reforma del Régimen Penal Tributario. Con una agenda cargada y en un contexto de tensiones políticas, el oficialismo buscará emitir dictamen en las comisiones correspondientes con el objetivo de llevar ambos proyectos al recinto la próxima semana, en una sesión que, según el cronograma tentativo, se realizaría el 26 de diciembre.

La actividad comenzará a las 9 de la mañana en la comisión de Justicia y Asuntos Penales, donde La Libertad Avanza intentará avanzar con el dictamen de la iniciativa conocida como "Inocencia Fiscal", que propone una profunda modificación del Régimen Penal Tributario. Una hora más tarde, a las 10, será el turno de la comisión de Presupuesto y Hacienda, que debatirá el proyecto de Presupuesto 2026, una de las principales apuestas legislativas del Gobierno para cerrar el año parlamentario.

Ambas iniciativas ya obtuvieron media sanción en la Cámara de Diputados, aunque en un clima de fuerte tensión entre el oficialismo y los bloques aliados. En particular, el texto del Presupuesto que llegó al Senado no incluye la derogación de las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad, dos normas que el Ejecutivo considera incompatibles con su objetivo de alcanzar y sostener el equilibrio fiscal.

En Diputados, La Libertad Avanza logró construir mayorías ajustadas, pero el debate dejó en evidencia la fragilidad de algunos acuerdos con gobernadores y sectores dialoguistas, especialmente en los artículos más sensibles del Presupuesto. Ese antecedente explica, en parte, la cautela con la que el oficialismo encara ahora el escenario en la Cámara Alta, donde el reparto de fuerzas aparece aún más complejo.

En el Senado, el Gobierno buscará acelerar los tiempos para cumplir con el calendario político que impulsa la Casa Rosada, aunque en privado admite que reunir los votos necesarios para aprobar los proyectos sin modificaciones será un desafío. La estrategia combina negociación política, presión sobre los aliados y la evaluación de distintos caminos legislativos para evitar que el Presupuesto termine reflejando un esquema fiscal que el Ejecutivo no convalida.

Un dictamen sin cambios y un debate condicionado

La comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el senador libertario Ezequiel Atauche, escuchará este viernes a los principales funcionarios del equipo económico. Expondrán el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; las subsecretarias de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, y de Coordinación Fiscal Provincial, Valeria Sánchez; y el subsecretario de Presupuesto, Rodrigo Cabado, quienes defenderán los lineamientos generales del proyecto.

En el Congreso aseguran que el dictamen respetaría el texto aprobado en Diputados, lo que dejaría en manos del presidente Javier Milei la decisión de vetar total o parcialmente la ley una vez sancionada. Sin embargo, en la Casa Rosada no descartan introducir modificaciones en el Senado, aun a sabiendas de que eso obligaría a que el proyecto regrese a la Cámara Baja para una nueva votación.

La mesa política del oficialismo también analiza la posibilidad de reintroducir artículos que fueron rechazados en Diputados. Entre ellos figuran no solo las derogaciones de las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad, sino también disposiciones vinculadas a deudas del sector energético, el esquema de subsidios en zonas frías y la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. Esa alternativa, no obstante, abre un debate jurídico sobre la viabilidad reglamentaria de reincorporar textos ya descartados.

Si el Senado aprueba el Presupuesto tal como está, la iniciativa se convertirá en ley y el Gobierno deberá definir cómo instrumenta normas que hoy están vigentes y que, según su mirada, carecen de financiamiento adecuado. En el Ejecutivo sostienen que el texto actual no refleja la hoja de ruta fiscal que el presidente Milei fijó desde el inicio de su gestión.

Inocencia fiscal, la otra apuesta del oficialismo

Antes del debate presupuestario, la comisión de Justicia y Asuntos Penales buscará emitir dictamen sobre la reforma del Régimen Penal Tributario, otro de los proyectos centrales para el Gobierno. La iniciativa propone cambios sustanciales en los criterios para configurar delitos de evasión y en los mecanismos de fiscalización del Estado.

El proyecto eleva de manera significativa los montos a partir de los cuales se considera que existe evasión. El umbral para la evasión simple pasa de $1,5 millones a $100 millones, mientras que la evasión agravada se fija en $1.000 millones. Además, se incorpora un régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias para personas humanas con patrimonios de hasta $10.000 millones, que limita la capacidad del fisco para investigar variaciones patrimoniales dentro de ese rango.

Desde el oficialismo, la reforma es presentada como una herramienta para formalizar ahorros, incentivar la remonetización de la economía y reducir la conflictividad tributaria. La oposición, en cambio, cuestionó con dureza el alcance del proyecto y advirtió sobre un posible debilitamiento de los controles fiscales y de la capacidad del Estado para combatir la evasión.