Durante la sesión de este jueves, el senador nacional Guillermo Andrada fundamentó el acompañamiento del bloque Convicción Federal a la prórroga de la emergencia nacional en discapacidad, establecida por la Ley 27.793. En su intervención, destacó que la iniciativa, remitida con media sanción por la Cámara de Diputados de la Nación, representa una respuesta institucional ante una demanda sostenida por las personas con discapacidad, sus familias y las organizaciones vinculadas al sector.
El legislador puso el acento en que el tratamiento de la propuesta no debía interpretarse como un mérito de la dirigencia política, sino como el resultado de una lucha protagonizada por quienes atraviesan cotidianamente las dificultades relacionadas con la discapacidad. En ese sentido, remarcó que fueron las propias personas con discapacidad, sus familiares y las organizaciones quienes impulsaron el reclamo y trabajaron para que la iniciativa llegara al ámbito legislativo.
"El mérito de que hoy estemos tratando esto no es de la clase política. Acá hay protagonistas y hacedores, que son los discapacitados, sus familias, organizaciones, que lucharon de manera desigual para lograr esta ley. El mérito es de todos ellos, nosotros solo estamos dando una respuesta institucional", expresó Andrada.
De esta manera, el senador ubicó el debate parlamentario dentro de un proceso de reclamo colectivo y señaló que la intervención de los representantes legislativos debe entenderse como una respuesta frente a las necesidades planteadas por ese sector.
Un proyecto perfectible
Andrada recordó que, durante el tratamiento de la propuesta en comisiones, el bloque Convicción Federal había señalado que el proyecto era y continúa siendo mejorable. Sin embargo, explicó que esa posición no impidió que decidieran acompañarlo, teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad del colectivo y la necesidad de que las soluciones lleguen cuanto antes.
La postura del bloque, según detalló, estuvo atravesada por una consideración de responsabilidad legislativa: aun cuando existan aspectos que podrían corregirse o perfeccionarse, la prioridad es que la iniciativa avance y se convierta en una respuesta concreta para las personas que esperan medidas vinculadas con la emergencia en discapacidad.
El legislador insistió en que el proyecto debía sancionarse rápidamente, en reconocimiento a quienes sostuvieron una lucha desigual para conseguir que la problemática fuera atendida por el Congreso. Por eso, las observaciones formuladas por Convicción Federal no fueron planteadas como un obstáculo para el avance de la propuesta, sino como aspectos que merecen atención dentro de la discusión legislativa.
La compatibilidad entre la pensión y el trabajo
Entre los puntos específicos que Andrada mencionó se encuentra el artículo 9, referido a la compatibilidad entre la percepción de una pensión por discapacidad y el desarrollo de una actividad laboral.
El senador señaló que el proyecto mantiene la posibilidad de que una persona cuente con una pensión por discapacidad y, al mismo tiempo, tenga un trabajo. No obstante, planteó una observación sobre la continuidad de ese beneficio cuando la remuneración laboral supera los dos salarios mínimos, vitales y móviles.
Según explicó, la pensión no debería discontinuarse por el hecho de que la persona alcance ese nivel de ingresos a través de su empleo. A pesar de esa consideración, indicó que el bloque aceptará la disposición con el objetivo de facilitar la sanción rápida de la iniciativa.
"Vamos a aceptarlo en pos de que el proyecto se sancione rápidamente. Pero se aclara que si la persona pierde el empleo, automáticamente recupera la pensión", ejemplificó.
De esta manera, Andrada expuso la importancia de contemplar las distintas situaciones que pueden atravesar las personas con discapacidad que acceden al mercado laboral, especialmente ante la posibilidad de que una relación de trabajo finalice y sea necesario recuperar la prestación.
Auditorías, controles y garantías para los beneficiarios
Otro de los aspectos abordados por el senador catamarqueño fue el manejo de las auditorías y los controles vinculados con las pensiones por discapacidad. En este punto, reconoció que el Estado tiene la responsabilidad de verificar que los recursos destinados a las prestaciones sean utilizados correctamente.
Sin embargo, advirtió que los procedimientos administrativos no deben convertirse en un motivo para que una persona pierda un derecho que le corresponde. Para Andrada, quienes reciben una pensión deben contar con garantías frente a posibles errores administrativos y con mecanismos que permitan revisar las situaciones antes de que se produzcan consecuencias sobre el beneficio.
"Es cierto que el Estado tiene que evaluar si los recursos se emplean en forma correcta. Pero quien tiene una pensión debe tener la garantía de que no perderá su derecho por un error administrativo", sostuvo.
En ese marco, consideró importantes tres instancias dentro de los procedimientos de control:
Verificación: para evaluar correctamente las condiciones vinculadas con la prestación.
Notificación: para garantizar que las personas reciban la comunicación correspondiente.
Rehabilitación provisoria: como posibilidad contemplada para atender situaciones que requieren una respuesta mientras se revisan los procedimientos.
El planteo del legislador buscó poner en equilibrio la obligación estatal de controlar el uso de los recursos y la necesidad de proteger los derechos de quienes dependen de estas prestaciones.
Transparencia presupuestaria
Andrada también destacó la necesidad de fortalecer la transparencia y el acceso a la información pública, de modo que cualquier persona interesada pueda conocer los aspectos relacionados con las prestaciones destinadas a las personas con discapacidad.
En particular, mencionó la importancia de que la información sobre el financiamiento y las partidas presupuestarias se encuentre disponible. Consideró que el conocimiento público de esos datos resulta fundamental para que las políticas vinculadas con el sector puedan sostenerse en el tiempo.
El senador señaló que existen programas que el Ministerio de Economía debe cumplir y que, a su vez, pueden surgir necesidades de compensaciones del Tesoro o de readecuaciones presupuestarias que deben ser realizadas por el jefe de Gabinete.
Las particularidades de Catamarca
En el plano federal, Guillermo Andrada pidió profundizar la coordinación entre el Gobierno nacional y las administraciones provinciales mediante el Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS). El senador consideró que las políticas públicas deben contemplar las diferencias territoriales que existen entre los distritos, debido a que las condiciones de acceso a los servicios y las prestaciones no son iguales en todo el país.
Como ejemplo, hizo referencia a Catamarca y a su extensión territorial, al señalar que la realidad de una persona con discapacidad que vive en una provincia extensa puede ser diferente de la de alguien que reside en un lugar donde cuenta con distintos centros de salud a los que puede acudir sin necesidad de realizar grandes desplazamientos.
"Porque no es lo mismo para una persona con discapacidad vivir en un distrito muy extenso, como Catamarca, a un lugar donde hay distintos centros de salud a los cuales puede acudir sin trasladarse grandes distancias", explicó.
A partir de esa comparación, planteó la importancia de que la articulación federal permita atender las particularidades de cada provincia y que las decisiones relacionadas con discapacidad tengan en cuenta las condiciones concretas de quienes necesitan acceder a los servicios.
La referencia a Judith Heumann
En el tramo final de su intervención, Andrada recurrió a la figura de la estadounidense Judith Heumann, considerada la madrina del movimiento por los derechos de las personas con discapacidad.
El senador recordó el pensamiento de Heumann sobre las dificultades que enfrenta este colectivo y la responsabilidad de la sociedad para generar respuestas. En particular, destacó su planteo de que la tragedia no reside en la incapacidad, sino en que la sociedad no proporcione las soluciones necesarias para quienes tienen discapacidad.
También recuperó su reflexión acerca de que los cambios sociales e institucionales no siempre se producen al ritmo que necesitan las personas con discapacidad. A partir de esa consideración, Andrada sostuvo que los legisladores deben contribuir a acelerar esos procesos y a evitar que las respuestas se demoren frente a las necesidades existentes.
La referencia permitió cerrar su argumentación con un llamado a asumir la responsabilidad institucional de acompañar las demandas del sector y avanzar en medidas que respondan a sus necesidades.