El Gobierno argentino volvió a elevar la presión internacional sobre Venezuela y exigió, en un mensaje directo a la Corte Penal Internacional (CPI), que se adopten medidas urgentes ante el agravamiento de las violaciones a los derechos humanos atribuidas al régimen de Nicolás Maduro. Durante la apertura de la conferencia anual del tribunal en La Haya, el embajador argentino Diego Emilio Sadofschi solicitó avanzar de manera inmediata en la ejecución de las órdenes de arresto pendientes para Maduro y Diosdado Cabello, considerados por la administración de Javier Milei como los principales responsables de crímenes de lesa humanidad en el país caribeño.
El planteo argentino se produjo en un contexto internacional marcado por un incremento de la tensión entre el régimen chavista y la administración de Donald Trump, que desplegó buques militares frente a las costas venezolanas y reclama la salida del país de los líderes bolivarianos, a quienes acusa de terrorismo y narcotráfico. La Casa Rosada acompañó ese clima con un discurso duro, que volvió a calificar al gobierno de Caracas como una "narcodictadura" y denunció la sistemática violación de los derechos fundamentales.
Sadofschi abrió su intervención alertando sobre el deterioro de la situación venezolana, especialmente tras las elecciones "fraudulentas" de julio de 2024, según calificó. Recordó que, desde que la Fiscalía de la CPI concluyó el examen preliminar del caso en noviembre de 2021, "ha habido pocos avances concretos", lo que, para Argentina, resulta inaceptable frente a un cuadro que presenta detenciones arbitrarias, tratos inhumanos y otros crímenes contra la humanidad que, aseguró, requieren "investigaciones rigurosas pero expeditivas".
El embajador argentino se distanció expresamente del consenso general de la asamblea, y pidió dejar constancia formal de esa disociación en las actas de la conferencia. "Argentina no se siente ni puede ser considerada parte de la decisión que se adopte", afirmó, en referencia a la declaración final consensuada por los Estados miembros. Aunque Buenos Aires no bloqueó el acuerdo, aclaró que ello no podía interpretarse como un gesto hacia Venezuela, sino como una contribución a las negociaciones sobre temas administrativos de la CPI.
La delegación argentina insistió en que la comunidad internacional debe acelerar los mecanismos para ejecutar las órdenes de arresto y avanzar en la definición de responsabilidades por crímenes de lesa humanidad. "No podemos hacer caso omiso a la realidad de los crímenes que se cometen en ese país", remarcó Sadofschi, reafirmando el compromiso de la Argentina con la CPI y su llamado a adoptar medidas urgentes.
El discurso generó una inmediata reacción del representante adjunto de Venezuela ante la CPI, Héctor Constant Rosales, quien acusó al gobierno de Milei de "politizar la conferencia" y lo calificó como un "falso defensor de los derechos humanos". El diplomático —que representa a un régimen señalado por usurpar el poder y desconocer los resultados electorales— llamó a "trabajar positivamente" y evitar confrontaciones en el ámbito del tribunal.
Sadofschi respondió con firmeza y rechazó "en todos sus términos" las declaraciones del enviado venezolano. Subrayó que la Argentina no flexibilizará su postura frente a lo que considera un caso emblemático de inacción internacional, y pidió que su mensaje quede asentado como parte de la discusión histórica del foro.
El contexto bilateral: el caso Nahuel Gallo
Fuera del discurso oficial, la relación entre Buenos Aires y Caracas atraviesa otro foco de tensión: la detención del gendarme argentino Nahuel Gallo en Venezuela. Gallo permanece bajo arresto en Caracas acusado de delitos infundados, según sostienen el gobierno argentino y organismos de derechos humanos. La administración Milei exige su liberación y reclama garantías sobre su integridad física. La situación agrega un componente sensible a la ya delicada agenda bilateral.
La conferencia anual de la CPI se desarrolla esta semana con debates sobre investigaciones abiertas en distintos países, mecanismos de cooperación y ejecución de órdenes de arresto. En ese escenario, Argentina buscó dejar en claro su posición: la urgencia humanitaria y judicial del caso venezolano no admite dilaciones.