El Gobierno nacional analiza excluir de la reforma laboral el artículo que autoriza el pago de sueldos mediante billeteras virtuales, una modificación que generó fuertes diferencias dentro del oficialismo y abrió un frente de tensión con el sector bancario. La definición se discute en la antesala de la sesión del Senado prevista para el miércoles 11 de febrero.
Mientras un sector de la Casa Rosada sostiene que la iniciativa no formará parte del texto final, otras áreas del Ejecutivo aseguran que la discusión continúa abierta y que aún no existe una decisión definitiva. El debate expuso posiciones contrapuestas dentro del oficialismo, especialmente por el impacto del cambio en el sistema financiero.
La polémica gira en torno al artículo 35 del proyecto de reforma laboral, que propone reemplazar el artículo 124 de la Ley de Contrato de Trabajo. La modificación habilita el pago de remuneraciones a través de Proveedores de Servicios de Pago (PSP) autorizados por el Banco Central, además de otras entidades que pudiera aprobar la autoridad de aplicación.
En Balcarce 50 señalan que tanto el ministro de Economía, Luis Caputo, como el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, manifestaron internamente su rechazo a la medida. Según trascendió, consideran que la habilitación de billeteras virtuales para el pago de salarios afecta la capacidad de reactivación del crédito, al debilitar el rol de los depósitos bancarios como fuente de financiamiento.
El cambio implicaría desarticular la exclusividad de las cuentas bancarias para la acreditación de haberes. En distintos despachos oficiales reconocen contactos con entidades bancarias para sostener el esquema vigente, que permite que los salarios depositados en bancos funcionen como fondeo para préstamos a personas y empresas, una cuestión clave también para las economías provinciales, como la de Catamarca.
Entre los sectores que impulsan la exclusión del artículo, también se advierten riesgos operativos y de supervisión. Como antecedente, mencionan el caso de Sur Finanzas —investigada judicialmente en el marco del escándalo de AFA— como ejemplo de los riesgos de ampliar el universo de entidades habilitadas para pagar salarios sin un control equivalente al bancario.
A pesar de las objeciones, desde el Ejecutivo aclaran que, en caso de mantenerse el artículo, la reglamentación sería "muy restrictiva". En ese escenario, se analiza limitar su alcance, establecer requisitos adicionales y reducir el número de actores habilitados, siempre bajo la supervisión del Banco Central.
En paralelo, la Casa Rosada asegura haber acordado modificaciones en la reforma laboral con más de 40 senadores. Sin embargo, reconoce fuertes tensiones en torno al capítulo tributario, que plantea una reducción del Impuesto a las Ganancias para sociedades. En el Gobierno admiten que, por el momento, se evalúa modificar el texto ante la falta de respaldo de algunos gobernadores aliados.