La reciente decisión de la administración liderada por Javier Milei de formalizar la creación de la "Oficina de Respuesta Oficial" ha generado una honda preocupación en el ecosistema de la comunicación y el periodismo de datos.
Bajo la premisa de "desmentir activamente la mentira" en el terreno de las redes sociales, el Gobierno busca "dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Sin embargo, lo que el Ejecutivo presenta como una herramienta de transparencia, los expertos lo definen como un proyecto que carece de las bases fundamentales de la verificación del discurso público.
Un informe exhaustivo del Equipo de Chequeado ha encendido las alarmas, señalando que la iniciativa oficial no solo carece de la independencia necesaria para ser validada como una herramienta de fact checking, sino que su estructura intrínseca podría derivar en mecanismos de persecución contra voces críticas. La tensión radica en una premisa básica del sistema democrático: la imposibilidad de que el Estado se audite a sí mismo bajo las reglas que rigen al periodismo de datos profesional.
La principal crítica de los especialistas se centra en la naturaleza del control. Las organizaciones de verificación independientes a nivel global no operan bajo criterios arbitrarios, sino que se rigen por el Código de Principios de la International Fact Checking Network (IFCN). Este marco normativo internacional exige tres pilares que la nueva oficina gubernamental omite: transparencia absoluta en la metodología aplicada, claridad en el financiamiento y una política de corrección abierta al público.
En este sentido, las voces internacionales han sido tajantes. Lucas Graves, investigador de la Universidad de Wisconsin-Madison, advierte que bajo ninguna circunstancia una agencia estatal debe confundirse o, peor aún, presentarse ante la ciudadanía como una fuente de información independiente. Por su parte, Clara Jiménez Cruz, CEO de Maldita.es, pone el foco en la contradicción lógica de la propuesta: "El trabajo del fact checking es obligar a los poderosos a rendir cuentas. Si ellos mismos pretenden hacer el fact checking, ¿quién garantiza la rendición de cuentas?". Esta paradoja sitúa al Gobierno en el rol de "juez y parte", eliminando el contrapeso necesario para la veracidad informativa.
El informe de Chequeado no solo analiza la creación de la oficina, sino que la sitúa en un contexto de retroceso en materia de transparencia institucional. Existe una contradicción flagrante en la gestión actual: mientras el discurso oficial promete combatir la desinformación brindando supuestamente "más información", la administración de Javier Milei ha modificado la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública, introduciendo nuevas restricciones que dificultan la labor periodística y ciudadana.
Los datos analizados refuerzan esta tesis. Según las estadísticas oficiales citadas en el informe, esta gestión se posiciona como la que "más pedidos de acceso a la información dejó sin responder" en comparación con los periodos presidenciales de Mauricio Macri y Alberto Fernández. Esta opacidad administrativa colisiona directamente con la pretendida búsqueda de la verdad que la nueva Oficina de Respuesta dice perseguir.
Antecedentes y el riesgo de la persecución
La historia reciente muestra que los intentos de los gobiernos por controlar el discurso mediante verificadores oficiales no son una novedad, pero suelen compartir resultados cuestionables. El informe detalla diversos antecedentes que sirven como espejo de la actual iniciativa:
- En Argentina: La plataforma "Confiar" (creada durante la pandemia), el observatorio "Nodio" bajo la gestión de Fernández, y el reciente streaming "Fake, 7, 8" inaugurado por el vocero presidencial Manuel Adorni.
- En la región: El sitio "Brasil Contra Fake" impulsado por Lula da Silva, la plataforma "Infodemia" en México y la cuenta "Segcomv" en Ecuador.
Desde entidades como el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y diversos sectores de la oposición, ya se ha manifestado un rechazo contundente. La advertencia es unánime: estas herramientas, financiadas por el Estado, corren el riesgo de transformarse en formas encubiertas de hostigamiento y persecución a voces disidentes, alejándose de su propósito declarado y erosionando la libertad de expresión en el entorno digital.