A una semana del cierre de la feria judicial de invierno, el Tribunal Oral Federal que debe juzgar a Cristina Fernández de Kirchner por la firma del Memorándum con Irán prevé anunciar la fecha del inicio del juicio oral. Los jueces Andrés Basso, Rodrigo Giménez Uriburu y Javier Ríos, a cargo del caso, solicitaron a la Corte Suprema la contratación de nueve nuevos empleados para conformar un equipo exclusivo, ya que actualmente solo una persona del tribunal está abocada a la causa.
Según fuentes judiciales, el proceso oral podría comenzar en 2026, aunque todavía se aguarda la llegada de parte de la prueba solicitada por las partes. Entre ellas, la autorización de Interpol para que declaren dos funcionarios del organismo, un trámite que lleva semanas sin resolución.
El expediente judicial, impulsado por la denuncia del fiscal Alberto Nisman cuatro días antes de aparecer muerto en su departamento de Puerto Madero, acusa a la expresidenta y otros exfuncionarios de presunto encubrimiento a los responsables del atentado a la AMIA en 1994, que dejó 85 víctimas fatales. Entre los imputados también están Carlos Zannini, Oscar Parrilli, Juan Martín Mena, Luis D'Elía, Andrés Larroque y Fernando Esteche, entre otros.
El proceso judicial fue objeto de una larga disputa. En una instancia previa, los jueces Gabriela López Iñíguez, Daniel Obligado y Juan Michilini absolvieron sorpresivamente a los acusados tras una serie de audiencias preliminares. Sin embargo, la Cámara de Casación revocó esa decisión y ordenó llevar adelante un nuevo juicio oral, fallo que quedó firme tras la intervención de la Corte Suprema.
Aunque la AMIA no se presenta como querellante en esta causa, sí lo hace la DAIA, aunque con bajo perfil. En cambio, los familiares de víctimas Luis Czyzewski y Mario Averbuch, representados por el abogado Tomás Farini Duggan, tuvieron un rol activo para impulsar la reapertura del juicio.
La causa también tiene implicancias internacionales. El embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, evitó pronunciarse sobre decisiones judiciales, pero señaló que la lucha contra el terrorismo y sus promotores "debe ocuparnos a todos". En contraste, el futuro embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, fue más explícito: en una audiencia ante el Congreso norteamericano afirmó que Cristina Kirchner "debería cumplir condena en prisión" y la vinculó con el encubrimiento del atentado a la AMIA y la muerte del fiscal Nisman.
Las declaraciones de Lamelas generaron un fuerte repudio del kirchnerismo, que presionó en el Senado para bloquear su designación. Cristina Kirchner respondió desde sus redes: "Argentina o Lamelas", parafraseando la histórica consigna "Braden o Perón".
En paralelo, la política exterior de Donald Trump marcó una línea dura hacia los funcionarios judiciales de otros países. En el caso de Brasil, ordenó la revocación de visas al juez Alexandre de Moraes, a quien acusó de liderar una "caza de brujas" contra Jair Bolsonaro, lo que alimenta las preocupaciones por la influencia extranjera sobre procesos judiciales en América Latina.
