En un contexto de versiones cruzadas y manifestaciones públicas sobre una posible reducción de horarios en el servicio de transporte de pasajeros, el Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte —a través de la Secretaría de Transporte de Catamarca— emitió este 24 de febrero de 2026 un comunicado tajante. El documento no solo desmiente la existencia de deudas con las empresas prestatarias, sino que blinda el servicio mediante un despliegue detallado de la ejecución presupuestaria del último ejercicio.
Frente a los rumores que sugerían atrasos de "tres o cuatro meses", el Estado Provincial presentó pruebas de una integridad total en sus transferencias. La estrategia oficial se asienta en dos pilares: la transparencia de los datos y la vigencia de un marco legal que prohíbe alteraciones arbitrarias en una prestación considerada esencial para la comunidad.
Durante el Ejercicio 2025, el sostenimiento del sistema demandó una inversión masiva para equilibrar tanto la oferta (subsidios directos a las empresas) como la demanda (beneficios directos a los usuarios). La sumatoria de estos esfuerzos arrojó un Total transferido al sistema de transporte de $ 10.366.610.043,92.
El desglose mensual de las transferencias por Subsidio Provincial revela la magnitud del esfuerzo fiscal realizado por el Gobierno Provincial:
- Enero: $ 539.861.438,71
- Febrero: $ 563.886.985,02
- Marzo: $ 503.448.320,41
- Abril: $ 559.311.716,70
- Mayo: $ 574.068.389,66
- Junio: $ 563.182.243,26
- Julio: $ 622.113.501,13
- Agosto: $ 611.755.368,09
- Septiembre: $ 613.143.273,67
- Octubre: $ 674.701.270,65
- Noviembre: $ 714.572.930,60
- Diciembre: $ 691.479.250,65
- Total Subsidio Provincial 2025: $ 7.231.524.688,55
A estas cifras se añade el impacto del Boleto Estudiantil Gratuito (BEG) en el Valle Central, una política clave de acceso a la educación que inyectó otros $ 3.135.085.355,37 al sistema, con picos de inversión en meses como septiembre ($ 431,5 millones) y octubre ($ 424 millones).
El rigor de la Ley 4906 y el régimen de sanciones
El eje del conflicto se traslada ahora al plano legal. La Secretaría de Transporte recordó que el servicio se rige por la Ley Provincial N° 4906, la cual establece que el transporte es un derecho que debe garantizarse bajo principios de continuidad, uniformidad, regularidad, generalidad y obligatoriedad.
Bajo esta norma, las empresas no tienen la facultad de disponer reducciones unilaterales de horarios. El artículo 6° es explícito: los servicios deben satisfacer de manera permanente las necesidades de movilidad. Ante cualquier incumplimiento, el artículo 35° faculta a la autoridad a aplicar sanciones severas:
- Llamado de atención y multas severas económicas.
- Secuestro de unidades y suspensión de la actividad.
- Caducidad de la concesión e inhabilitación permanente.
A pesar de la firmeza administrativa, la Secretaría ha convocado a las prestatarias a una mesa técnica de trabajo. El objetivo es analizar la estructura de costos y la notable disminución de la demanda bajo criterios de transparencia y responsabilidad fiscal.
El compromiso institucional del Gobierno es innegociable: priorizar el interés general y la protección de los usuarios, asegurando que la movilidad de los catamarqueños se mantenga con la previsibilidad que la ley exige.
