El Poder Ejecutivo avanzó formalmente con la presentación del proyecto de Ley de Libertad Educativa, una iniciativa que propone reemplazar la actual Ley de Educación Nacional Nº 26.206, sancionada en 2006, y que introduce cambios de alcance estructural en todo el sistema educativo. El anuncio fue realizado este martes por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al dar a conocer las conclusiones del Consejo de Mayo, espacio desde el cual se terminaron de delinear los principales lineamientos de la reforma.
El proyecto, compuesto por 169 artículos, se enfoca principalmente en la educación básica —niveles inicial, primario y secundario—, aunque también incorpora modificaciones sustantivas en el financiamiento universitario. La iniciativa retoma propuestas que ya habían sido incluidas en el capítulo educativo de la primera versión de la Ley Bases, elaborada a fines de 2023 por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien había anticipado que se trataba de una de las reformas educativas más profundas de las últimas cinco décadas.
Según el texto oficial, el eje central de la propuesta es el fortalecimiento de la denominada "libertad educativa", con un rol protagónico de las familias, mayor autonomía para las instituciones y un sistema más exigente en materia de evaluación y rendición de cuentas. En esta versión definitiva, el Gobierno descartó una de las disposiciones más controvertidas del borrador filtrado meses atrás: la habilitación de la enseñanza religiosa confesional, incluso de forma optativa, en escuelas públicas.
El Consejo de Mayo —integrado por representantes del oficialismo, la oposición, sindicatos y el sector empresarial— fundamentó la reforma señalando que los países con mejores resultados educativos combinan altos niveles de autonomía institucional con mecanismos de evaluación transparente y acompañamiento continuo. En ese diagnóstico, el informe advierte que uno de los principales problemas del sistema argentino es la falta de autonomía y de rendición de cuentas.
Mayor autonomía para las escuelas
Uno de los cambios centrales del proyecto es la ampliación de la autonomía pedagógica, curricular y organizativa de las escuelas, tanto estatales como privadas. Cada institución podrá definir planes de estudio, estrategias didácticas, organización interna y calendario escolar, siempre dentro de un marco de contenidos mínimos comunes establecidos a nivel nacional y jurisdiccional.
Las escuelas estatales, además, tendrán mayores atribuciones para participar en la selección de docentes y personal no docente, proponer sanciones disciplinarias y administrar recursos, bajo supervisión de las autoridades provinciales. Se crea también un Registro Nacional de Planes de Estudio para autorizar los proyectos institucionales.
El proyecto reemplaza la noción tradicional de días de clase por horas anuales obligatorias, con un mínimo de 540 horas para el nivel inicial y 720 horas para primaria y secundaria. Sobre ese piso, las escuelas podrán diseñar su propio calendario. Además, se declara la esencialidad de la educación básica, lo que obliga a garantizar servicios mínimos ante medidas de fuerza.
Familias como actores centrales
La iniciativa refuerza el rol de las familias como "agentes naturales y primarios" de la educación. En ese marco, se crean consejos de padres en escuelas estatales, con participación en la designación de equipos directivos y en la elaboración de normas internas. También se habilita la publicación de resultados educativos desagregados por escuela, sin identificar a estudiantes ni docentes, para facilitar decisiones informadas.
El proyecto reconoce explícitamente el derecho de las familias a elegir instituciones o proyectos educativos acordes a sus convicciones y contempla mecanismos de financiamiento directo a la demanda, como becas, vales o créditos fiscales.
Homeschooling, educación virtual y evaluación
Por primera vez, la ley formaliza la educación en el hogar (homeschooling) y habilita la educación virtual o híbrida, incluso a través de instituciones extranjeras. Las provincias deberán crear registros específicos y los estudiantes deberán rendir evaluaciones estandarizadas para acreditar contenidos mínimos.
En materia de evaluación, se mantienen las pruebas nacionales y se crea el Examen Nacional de Educación Secundaria (ENES), de carácter voluntario, que evaluará Lengua, Matemática, Ciencias y Humanidades. También se refuerza la evaluación docente y se vincula la estabilidad laboral al desempeño, la formación continua y la ética profesional.
Cambios en el financiamiento
El proyecto elimina la meta del 6% del PBI para educación y redefine las responsabilidades de financiamiento, asignando a las provincias el sostenimiento de la educación básica. Se mantiene el esquema de aportes a escuelas privadas y se incorporan dispositivos de financiamiento centrados en los estudiantes y sus características socioeconómicas.
En el nivel universitario, se modifica la Ley de Educación Superior y se establece un nuevo esquema de asignación presupuestaria basado en matrícula, desempeño académico, investigación y extensión, con un fuerte énfasis en la transparencia y las auditorías. El texto no contempla la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada en octubre.
Con este proyecto, el Gobierno busca avanzar hacia un sistema educativo más descentralizado, evaluado y orientado por resultados, en una iniciativa que promete abrir un intenso debate político, social y pedagógico en el Congreso.