El proceso de remate de los bienes de Cristina Fernández de Kirchner y de los demás condenados por corrupción en la causa Vialidad sigue adelante, pese a las objeciones planteadas por la defensa de la expresidenta.
El Tribunal Oral Federal N°2 (TOF2) rechazó el pedido de nulidad formulado por la exmandataria, quien cuestionó el cálculo del decomiso, fijado en $684.990 millones como reparación por el perjuicio al Estado a través del direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz en favor de Lázaro Báez.
Al mismo tiempo, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso concedieron un recurso de apelación para que la Cámara Federal de Casación Penal revise la decisión, aunque aclararon que ese trámite no suspende el avance del proceso de subasta.
En paralelo, los magistrados corrieron vista a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola sobre los planteos de incompetencia presentados por Cristina Kirchner y Báez. La exvicepresidenta sostuvo que el decomiso debe tramitar en el fuero civil y comercial federal, donde Vialidad Nacional reclama $22.300 millones en una causa iniciada en 2018. Báez, en tanto, argumentó que la ejecución de sus bienes corresponde al Tribunal Oral Federal N°4, que unificó su condena en 15 años de prisión.
Ese mismo tribunal ya ordenó el decomiso de fondos en el exterior: tres millones de euros en Bahamas y un millón de dólares en Suiza. Además, dispuso el remate de 56 propiedades pertenecientes a Báez y a su hijo Martín, entre terrenos, casas, departamentos, quintas y estancias ubicadas en Buenos Aires, Santa Cruz y Chubut.
Ahora será la Cámara de Casación la que deba resolver si corresponde revisar el monto del decomiso y si se incluyen en el listado los bienes que Cristina Kirchner transfirió a sus hijos Máximo y Florencia en 2016 como adelanto de herencia. El trámite podría demorar unas semanas, pero no impide que el TOF2 avance con la ejecución.
En paralelo, la Casación también debe definir un recurso contra la colocación de una tobillera electrónica y las restricciones de visitas a la expresidenta, quien cumple arresto domiciliario en su departamento del barrio de Constitución. La condena a seis años de prisión, la inhabilitación perpetua y el decomiso de sus bienes ya quedaron firmes.
