El empresario Federico "Fred" Machado se encuentra en el centro de un complejo caso internacional de narcotráfico y lavado de dinero, cuya resolución depende ahora de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y posteriormente del presidente argentino Javier Milei, quien deberá firmar la extradición si el máximo tribunal la autoriza.

Machado, detenido en abril de 2021, está acusado en el Distrito Este de Texas por integrar una organización que traficaba cocaína desde América Latina hacia Estados Unidos, operando además un esquema de fraude financiero tipo Ponzi vinculado a la compraventa de aeronaves ejecutivas. Según la Fiscalía estadounidense, manejaba desde Florida las empresas South Aviation y Pampa Aircraft Financing, utilizadas para registrar aviones que luego transportaban drogas hacia Norteamérica. El expediente "United States vs. Mercer-Erwin et al." lo involucra en delitos que incluyen conspiración para distribuir e importar cocaína, lavado de activos internacionales, fraude electrónico y violaciones a normas de exportación aeronáutica.

En la Argentina, el proceso se ha extendido por más de cuatro años y ha incluido múltiples recursos legales. El abogado Francisco Onetto, vinculado al presidente Milei, logró demorar el trámite mediante un mecanismo legal que obligó a la Cancillería a reconfirmar el pedido estadounidense, que se mantuvo vigente.

El 12 de abril de 2022, el Juzgado Federal N.º 2 de Neuquén, a cargo del juez Gustavo Villanueva, declaró procedente la extradición. En su fallo de 48 páginas, Villanueva constató la doble incriminación de los delitos, descartó motivaciones políticas o militares y sostuvo que el tratado bilateral con Estados Unidos respalda la entrega del acusado. Machado permanece bajo arresto domiciliario en su finca "La Gringa", en Río Negro, custodiado con tobillera electrónica y bajo vigilancia del Servicio Penitenciario, acompañado por su madre y su hermana como guardadoras legales.

El entorno rural de la chacra, con amplios espacios y piscina, contrasta con la magnitud de las acusaciones. En el ámbito local, el caso genera inquietud: diputados solicitaron explicaciones al gobernador Alberto Weretilneck sobre contratos vinculados a familiares de Machado, mientras que figuras políticas como Patricia Bullrich siguen de cerca el avance del expediente.

En Estados Unidos, otros implicados ya recibieron condenas: Debra Lynn Mercer-Erwin fue sentenciada a 16 años de prisión, y su hija Kayleigh Moffett recibió una pena reducida por colaboración. Machado, en cambio, aún no ha sido juzgado y podría enfrentar cadena perpetua una vez extraditado.

Vale recalcar que en el procedimiento de extradición, la decisión final recae en el Poder Ejecutivo, conforme lo marca la ley. Si la Justicia declara improcedente el pedido, la Cancillería simplemente comunica la resolución a Estados Unidos. En caso contrario, si la Justicia lo aprueba, la Corte de Justicia debe remitir el expediente completo a la Cancillería, para que el Poder Ejecutivo resuelva en un plazo de diez días hábiles si concede o no la extradición. 

De hecho, la normativa permite al Ejecutivo rechazar el pedido por "especiales razones de soberanía nacional, seguridad u orden público" u "otros intereses esenciales para la Argentina, que tornen inconveniente el acogimiento del pedido".