El Gobierno de Catamarca promulgó la Ley Provincial N.º 5923, una norma que crea el Programa de Fomento de la Investigación, Estudio y Desarrollo para la Aplicación Práctica de la Tecnología Blockchain en los ámbitos público y privado de la provincia. La iniciativa busca promover el estudio, la investigación y la implementación concreta de esta tecnología emergente, con el objetivo de fortalecer la modernización del Estado, la innovación tecnológica y el desarrollo productivo local.
La ley fue sancionada por la Legislatura Provincial y posteriormente promulgada por el Poder Ejecutivo. El proyecto original fue impulsado y presentado por el entonces diputado provincial Gustavo Aguirre, y posiciona a Catamarca entre las provincias que avanzan en marcos normativos orientados a la economía del conocimiento y a la incorporación de nuevas tecnologías con impacto real en la gestión pública y la actividad privada.
En su articulado, la normativa define a la tecnología blockchain como una base de datos distribuida, protegida criptográficamente y organizada en bloques de información relacionados entre sí mediante un protocolo común. Este sistema permite registrar datos de manera segura, transparente, trazable y confiable, y puede adoptar distintas modalidades, ya sea públicas, privadas o híbridas, según las necesidades de cada implementación.
En ese marco, el programa creado por la Ley N.º 5923 tiene como finalidad central fortalecer la seguridad jurídica, la protección de los datos, la eficiencia administrativa y la transparencia institucional, tanto en el Estado como en el sector privado. Desde el Gobierno provincial destacaron que la incorporación de blockchain puede contribuir a optimizar procesos, reducir intermediaciones, prevenir irregularidades y mejorar la confianza en los sistemas de registro y gestión.
Entre los principales objetivos que promueve la norma se encuentra la formación de recursos humanos calificados en tecnologías blockchain, un aspecto clave para garantizar el desarrollo sostenible del sector y generar nuevas oportunidades laborales vinculadas a la innovación tecnológica. Asimismo, la ley impulsa la modernización y transformación digital del Estado, promoviendo la adopción de herramientas que permitan agilizar trámites y mejorar la calidad de los servicios públicos.
La normativa también habilita la aplicación de blockchain en múltiples áreas estratégicas, como registros públicos y privados, contrataciones del Estado, sistemas de control, salud, educación, justicia, procesos electorales, minería, energía, servicios públicos y economía digital. Este enfoque transversal busca ampliar el alcance de la tecnología y fomentar su uso responsable en sectores clave para el desarrollo provincial.
Otro de los ejes destacados de la ley es el impulso a proyectos vinculados a contratos inteligentes, aplicaciones descentralizadas (Web 3), finanzas descentralizadas, tokens, NFTs y organizaciones autónomas descentralizadas. En este sentido, la norma contempla la posibilidad de financiar proyectos y emprendimientos tecnológicos, con participación de capital público y privado, incluso de origen nacional o internacional, con el objetivo de atraer inversiones y fomentar el ecosistema emprendedor.
Además, la ley prevé el desarrollo de infraestructura tecnológica y la generación de condiciones económicas adecuadas para facilitar la implementación de estas soluciones innovadoras. También se contempla el aprovechamiento económico de los desarrollos tecnológicos que se generen en el marco del programa, así como la cooperación con organismos públicos y privados, universidades, emprendedores, académicos y organizaciones de la sociedad civil.
Según lo establece la normativa, el Poder Ejecutivo Provincial deberá designar la Autoridad de Aplicación y reglamentar la ley dentro de un plazo de 120 días desde su publicación oficial, paso fundamental para poner en marcha el programa y definir los lineamientos operativos.
Con esta iniciativa, Catamarca avanza en la construcción de una agenda estratégica de innovación y transformación digital, sentando las bases normativas para el desarrollo de la economía del conocimiento, el fortalecimiento institucional y la adopción responsable de nuevas tecnologías, con impacto concreto en el sector público y privado de la provincia.