En un movimiento institucional de alto impacto, el Consejo de la Magistratura de la Nación anunció una serie de medidas destinadas a la implementación del sistema acusatorio en el ámbito de Comodoro Py. La decisión central de este esquema es el traslado físico del Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), el cuerpo judicial que actualmente tiene a su cargo el debate oral de la denominada causa Cuadernos. Esta relocalización, prevista para concretarse antes de que finalice el primer semestre del año, representa un cambio de paradigma en la dinámica que el proceso ha mantenido hasta el momento.
Desde el inicio de las actuaciones, el TOF 7 ha funcionado fuera del radio de Retiro, manteniendo su sede en el Palacio de Tribunales. Esta distancia geográfica fue señalada en reiteradas oportunidades por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, quienes expusieron ante la Cámara Federal de Casación Penal las complicaciones logísticas que implicaba la lejanía al momento de debatir la presencialidad del proceso. Con la mudanza, el tribunal se integrará físicamente al edificio de la Avenida Comodoro Py 2002, normalizando su situación respecto al resto de los tribunales orales federales.
La mudanza no es simplemente una cuestión de oficinas, sino que responde a la necesidad de contar con infraestructura capaz de albergar un juicio de dimensiones extraordinarias. Al instalarse en Retiro, se garantizará al tribunal el uso de la Sala AMIA, un recinto diseñado específicamente para juicios de gran magnitud que fue modernizado y habilitado en diciembre pasado. Este espacio permite gestionar la gran cantidad de imputados, abogados y personal judicial que requiere la causa.
Además de la sala principal, el tribunal podrá disponer de otra decena de salas que fueron creadas y acondicionadas durante el último año en el edificio de Retiro. Otro punto operativo fundamental es la simplificación de los mecanismos para el eventual traslado de detenidos, dado que podrán ser derivados directamente desde la alcaldía del Servicio Penitenciario Federal que funciona en la planta baja de Comodoro Py, evitando traslados externos costosos y complejos.
El fin de la virtualidad y el reclamo de dinamismo
Desde que comenzó el juicio el pasado 6 de noviembre, el TOF 7 optó por un esquema de audiencias virtuales celebradas dos veces por semana a través de la plataforma Zoom. Sin embargo, este formato ha sido objeto de reclamos insistentes por parte de la Cámara Federal de Casación Penal y del Ministerio Público Fiscal, quienes demandan una mayor frecuencia de audiencias y, fundamentalmente, la presencialidad del proceso para dotar de dinamismo al debate oral y público.
La relocalización del tribunal solo se hará efectiva una vez que concluya el trabajo de infraestructura y sistema que el Consejo de la Magistratura está implementando por etapas. Según las estimaciones oficiales, el proceso de infraestructura técnica estará finalizado hacia mitad de año, momento en el que el juicio podría abandonar definitivamente las pantallas para trasladarse a los estrados físicos de Retiro.
Hasta el momento, el juicio ha avanzado con la lectura de los diversos requerimientos de elevación. El proceso inició con el requerimiento del fiscal Carlos Stornelli, centrado en imputaciones de asociación ilícita, cohecho pasivo y admisión de coimas que involucran a los principales exfuncionarios acusados, entre ellos la expresidenta. Esta etapa de lectura se extendió durante gran parte de noviembre, dando paso luego a cargos por cohecho activo y recepción de dádivas.
Durante el mes de diciembre, el tribunal rechazó un planteo de recusación presentado por la defensa de Julio De Vido y continuó con la acusación de la Unidad de Información Financiera (UIF) en la causa conocida como "La Camarita", que investiga la presunta cartelización de la obra pública a través de la Cámara Argentina de Empresas Viales. Las últimas audiencias abordaron también la causa "Trenes", referida a irregularidades en contratos ferroviarios. La acusación general sostiene que se implementó una logística de recaudación de dinero proveniente de empresarios de la construcción, energía y transporte, a cambio de beneficios otorgados a sus compañías, mediante un sistema que contaba con al menos dos canales independientes de recolección de efectivo por parte de funcionarios públicos.
