La transparencia en la gestión pública vuelve a estar bajo la lupa judicial tras una presentación que sacude los cimientos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. La senadora nacional por el bloque Justicialista, Juliana Di Tullio, ha formalizado una denuncia penal ante la Justicia Federal, solicitando una investigación exhaustiva sobre lo que describe como una presunta red de funcionarios y particulares articulada para beneficiar a intereses privados vinculados directamente con el Poder Ejecutivo Nacional.
El eje central de la denuncia radica en la contratación directa de servicios de capacitación idiomática por un monto que supera los $114 millones. Según los datos aportados por la legisladora, estos fondos habrían sido destinados a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI). La relevancia del caso no solo reside en la cifra millonaria o en la modalidad de adjudicación sin licitación, sino en los nombres propios detrás de la entidad beneficiada.
La directora ejecutiva de la AACI es María Josefina Rouillet, quien es la esposa de Federico Sturzenegger, actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Esta conexión directa ha llevado a Di Tullio a señalar un posible escenario de tráfico de influencias, donde el ministro podría haber mediado ante las autoridades de la Cancillería para asegurar el contrato en favor de la institución que dirige su cónyuge. La narrativa de la denuncia sugiere que no puede descartarse una intervención política para facilitar este acuerdo comercial.
La denuncia de Di Tullio no se limita a la figura de Sturzenegger, sino que extiende la responsabilidad penal hacia el actual canciller, Pablo Quirno. La acusación contra el titular del Palacio San Martín se fundamenta en la presunta comisión del delito de "encubrimiento por omisión de denuncia". De acuerdo con el escrito judicial, Quirno, en lugar de proceder con las investigaciones internas pertinentes ante las señales de irregularidad, habría optado por una postura de validación. La senadora sostiene que el funcionario justificó públicamente la contratación a través de redes sociales, lo que agravaría su situación al no haber cumplido con el deber legal de denunciar posibles ilícitos detectados bajo su jurisdicción.
En el caso específico de Sturzenegger, la presentación sostiene que la relación de parentesco con la beneficiaria directa del contrato genera una sospecha razonable sobre la imparcialidad del proceso administrativo. La legisladora enfatiza que el alejamiento de los fines lícitos del Estado parece haber tenido como único norte garantizar un beneficio económico para un tercero vinculado estrechamente con un miembro clave del gabinete nacional.
Para que un contrato de esta magnitud se concrete bajo la modalidad directa, se requiere del aval y la intervención de diversas áreas administrativas que deben velar por la legalidad y la ética. Por ello, la presentación judicial solicita que se investigue como "partícipes necesarios" a los directores de múltiples dependencias técnicas que habrían intervenido en la viabilidad del contrato.
Dentro de esta red de responsabilidades, la denuncia apunta a los titulares de Recursos Humanos, quienes debieron justificar la necesidad del servicio, y a los responsables de Compras y Contrataciones, encargados de ejecutar el proceso de adjudicación. Asimismo, se señala la intervención de la oficina de Asuntos Jurídicos por los dictámenes legales emitidos, junto con las áreas de Planificación de Políticas de Transparencia y la Dirección Nacional de Ética Pública de la Oficina Anticorrupción, sectores que, según la denunciante, fallaron en su rol fiscalizador al no alertar sobre el evidente conflicto de intereses planteado por el vínculo familiar entre el ministro y la directora de la AACI.
La senadora Di Tullio es tajante en su conclusión final al afirmar que todos los involucrados se habrían desviado de sus funciones públicas para favorecer intereses particulares. La denuncia subraya que el accionar coordinado de estos funcionarios permitió la erogación de fondos públicos de manera directa, evitando mecanismos de competencia que hubieran garantizado una mayor transparencia. El caso ahora queda bajo la órbita de la Justicia Federal, que deberá determinar si la estructura administrativa de la Cancillería fue utilizada de manera irregular para fines ajenos al bienestar general, en un contexto donde el control de la ética pública vuelve a ser el centro del debate político.
