El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) quedó habilitado para avanzar con el decomiso y remate de los bienes de los condenados en la causa de Vialidad. Este miércoles, a las 9:30, venció el plazo de diez días hábiles que se les había otorgado para pagar los 684 mil millones de pesos (unos 537 millones de dólares) estipulados como sanción por la maniobra fraudulenta.

Según informaron fuentes judiciales, ninguno de los nueve condenados, entre quienes se encuentran la ex presidenta Cristina Kirchner, el empresario Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti, realizó el pago o alguna otra presentación en el expediente, excepto la ex mandataria.

La defensa de Cristina Kirchner, a cargo del abogado Alberto Beraldi, presentó un escrito un día antes del vencimiento del plazo. En el documento, la ex vicepresidenta solicitó la suspensión del decomiso, una revisión del cálculo del monto y que el caso sea derivado a la justicia civil y comercial federal.

La presentación de la defensa cuestiona que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola no realizaron una investigación patrimonial "con el grado de certeza necesario" para probar que los bienes de la ex mandataria y su familia provienen de un delito. "Toda mi evolución patrimonial, al igual que la del resto de la familia Kirchner, resulta absolutamente legítima", argumentó la ex presidenta en el escrito.

Además, su defensa impugnó la metodología de cálculo del monto del decomiso. Mientras que los peritos de la Corte Suprema actualizaron la cifra a 684 mil millones de pesos utilizando el Índice de Precios al Consumidor del INDEC, el perito de la ex vicepresidenta, con base en la tasa del Banco Central (BCRA), concluyó que la cifra debía ser de 42 mil millones de pesos. Este punto ya fue apelado para que sea revisado por la Cámara de Casación.

Con el plazo vencido y sin los pagos correspondientes, el Tribunal Oral 2 tiene la potestad de ejecutar la medida y avanzar con el remate de los bienes embargados de los condenados, un paso clave en la recuperación de los fondos públicos en causas de corrupción.