Este viernes se reanudó el juicio oral de la causa Vialidad que tiene a Cristina Kirchner como principal acusada por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015. En primer término, está previsto que el fiscal Diego Luciani responda a la acusación para removerlo que planteó la defensa de la Vicepresidenta.

Lo mismo hará su par Sergio Mola y el juez Rodrigo Giménez Uriburu. Los tres miembros del poder judicial fueron recusados. Tanto Luciani como Mola expondrán sus argumentos de forma oral, mientras que Giménez Uriburu lo haría mediante un escrito.

El domingo pasado por la noche, la vicepresidenta acusó a Luciani de tener una “asociación ilícita” junto al miembro del tribunal oral federal 2 (TOF 2), Uriburu. La prueba que esgrimió la vicepresidenta es una foto en donde aparecen Luciani y Uriburu vestidos con un equipo de fútbol, en una parte de la quinta Los Abrojos, del expresidente Mauricio Macri, donde se juegan partidos inter country.

Cristina Kirchner agregó una foto en la que aparecen Luciani y Uriburu, también ataviados con camisetas deportivas, junto a Jaime Méndez -intendente de San Miguel que el fin de semana hizo una recorrida con Mauricio Macri- y advirtió que su abogado recusaría “a los jugadores de fútbol”.

La defensa de la Vicepresidenta no solo planteó la recusación de Luciani, sino que postuló además que debe declararse la nulidad de todo lo hecho por él hasta el momento.

El martes, antes de iniciar una nueva audiencia del juicio, las defensas del empresario Lázaro Báez, el extitular de Vialidad Nelson Periotti, el exministro de Planificación Julio De Vido y el exfuncionario de Obras Públicas Carlos Kirchner, presentaron nuevas recusaciones en sintonía a la expuesta por Cristina Kirchner. Apunaron contra el fiscal Luciani, el otro fiscal de la causa, Sergio Mola, y Giménez Uriburu por supuestos vínculos con el macrismo y falta de parcialidad.

Tras los descargos, los pedidos de apartamiento serán resueltos, en principio antes del próximo martes, por los otros dos jueces del TOF2, Jorge Gorini y Andrés Basso, y su decisión será apelable ante la Cámara Federal de Casación.

La fiscalía lleva adelante el alegato final en el juicio que apunta contra la Vicepresidenta por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor de empresas de Lázaro Báez, sindicado como socio de la familia Kirchner, entre 2003 y 2015.

En sus últimas exposiciones, fiscales consideraron probado que Báez competía contra sí mismo, en lo que catalogaron como “licitaciones ficticias”, que hubo sobreprecios y pagos anticipados de obras no terminadas, y que hubo direccionamiento en todos los contratos que recibió el empresario. También apuntaron contra el hijo de Cristina Kirchner, el diputado Máximo Kirchner.