La diputada provincial, Adriana Díaz, se sumó a la discusión sobre la denuncia radicada contra el presidente del CD de la Capital por el oficialismo, Daniel Zelaya, y manifestó que se debe investigar.
"La denuncia por abuso sexual con acceso carnal fue radicada en Concepción de Tucumán el 5 de marzo de 2020. Allí, la mujer relata que los hechos sucedieron entre 1996 y 1997, cuando ella tenía 8 años y el denunciado 17. La Justicia tucumana entendió que la causa no se enmarcaba en la Ley 27.206 que establece que no prescriben los plazos para delitos contra la integridad sexual de las personas y la archivó", explicó.
Posteriormente, expresó que "la causa aún no está cerrada y sigue su curso; la falta de perspectiva de Género de la Justicia tucumana, en este caso, es evidente. Principalmente porque no sólo existe la Ley 27.206 y sus modificatorias, que establecen que los plazos de prescriptibilidad comienzan a correr cuando la víctima realiza la denuncia, sino porque existen normas con mayor peso, como la Convención Internacional de los Derechos del Niño que proponen juzgar este tipo de casos".
Finalmente, señaló: "Los delitos de abuso sexual contra menores de edad, ya no son de instancia privada, sino que por sus características particulares son considerados de instancia pública, por lo que el Estado está obligado a investigar de oficio; el dolor de las víctimas de abuso sexual no prescribe. La Justicia, en este caso de Tucumán, debe entenderlo y enmarcase en las leyes vigentes".
