La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, con una amplia mayoría opositora, un proyecto de ley que refuerza el financiamiento de las universidades nacionales y garantiza la actualización automática de sus partidas. Fue la primera votación de una sesión extensa que incluyó, además, la declaración de emergencia pediátrica por la crisis del hospital Garrahan y propuestas de los gobernadores para coparticipar el impuesto a los combustibles líquidos y automatizar el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
El proyecto universitario obtuvo 158 votos afirmativos, 75 negativos y cinco abstenciones. Aunque no alcanzó la mayoría especial de dos tercios por apenas un voto —lo que podría facilitar un eventual veto presidencial—, el resultado reflejó el amplio consenso opositor. Los respaldos provinieron principalmente de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, Coalición Cívica, la UCR y el Frente de Izquierda.
La iniciativa, impulsada por el radicalismo disidente junto con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), establece la actualización por inflación de los gastos de funcionamiento de universidades y hospitales universitarios, ordena la convocatoria a paritarias en un plazo máximo de tres meses para recomponer salarios docentes y no docentes, y eleva el nivel de becas estudiantiles.
Desde el oficialismo, el rechazo fue unánime. Los legisladores libertarios advirtieron que el proyecto pone en riesgo el superávit fiscal, considerado pilar de la política económica del Gobierno. "Quieren romper el equilibrio de las cuentas públicas y eso perjudica a los más vulnerables. No vamos a tirar por la borda el esfuerzo de los argentinos para eliminar el déficit y la inflación", sostuvo la diputada oficialista Nadia Márquez.
En defensa de la ley, la diputada Danya Tavela (Democracia para Siempre) cuestionó al Ejecutivo: "Por segundo año consecutivo no envía la Ley de Presupuesto y tenemos un atraso histórico en el sistema universitario. La educación es una obligación constitucional".
Gabriela Brouwer de Koning (UCR) agregó: "La responsabilidad fiscal no debe ser un fin en sí mismo. En la era del conocimiento, la educación es un valor estratégico. No es un gasto, es una inversión".
Estrategia oficial y quórum opositor
El Gobierno intentó, sin éxito, bloquear la sesión mediante la falta de quórum. Pese a las gestiones con gobernadores, el tablero marcó 131 presentes, superando el mínimo de 129. El quórum fue aportado mayoritariamente por Unión por la Patria, radicales disidentes, el bloque de Miguel Pichetto, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda.
Algunos gobernadores influyeron en ausencias clave, como las del jujeño Manuel Aguirre (Democracia para Siempre), el santacruceño Jorge "Loma" Ávila y el entrerriano Francisco Morchio (Encuentro Federal). Sin embargo, figuras como Julio Cobos, Martín Tetaz y Gabriela Brouwer de Koning (UCR) se sumaron al quórum, al igual que la libertaria disidente Lourdes Arrieta y otros legisladores provinciales.
La media sanción dejó al Gobierno frente al desafío de sostener su política de ajuste fiscal frente a un Congreso que, en temas sensibles como educación y salud, parece dispuesto a marcar agenda propia.
