El Gobierno nacional prepara una nueva reunión con representantes de la Iglesia para acercar posiciones sobre el proyecto de Discapacidad y avanzar hacia un acuerdo que permita llevar la iniciativa al recinto de la Cámara de Diputados durante la semana del 20 de octubre. La Casa Rosada busca concentrar en esos días tanto el cierre de la negociación parlamentaria como una nueva instancia de diálogo con la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), en un calendario político que también estará condicionado por la próxima visita del papa León XIV al país.
La convocatoria se produciría dos semanas después del primer encuentro entre funcionarios del Ministerio de Salud y representantes de la Iglesia. En el Gobierno no descartan que participen el ministro de Salud, Mario Lugones, y el titular del área de Discapacidad, Pablo Di Liscia, con el objetivo de ampliar la representación oficial y avanzar sobre los puntos que todavía generan objeciones.
La coincidencia entre la reunión y el calendario legislativo le otorga una importancia particular a la negociación. El oficialismo pretende llegar a la semana del 20 con una versión definitiva del proyecto, los acuerdos internos resueltos y los votos necesarios para conseguir su aprobación en Diputados. Aunque los legisladores de La Libertad Avanza aseguran que están "muy cerca" de completar el entendimiento, todavía no está definido si el texto llegará al recinto exactamente como fue dictaminado en septiembre o si incorporará modificaciones antes o durante el tratamiento.
La discusión no se limita a una diferencia de redacción. En el centro del debate están la continuidad de las prestaciones, las condiciones económicas del sistema y las garantías normativas para evitar que las personas con discapacidad queden expuestas a períodos sin cobertura legal.
La Iglesia pidió ampliar la representación oficial
El primer encuentro entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal Argentina se realizó en el Ministerio de Salud. Participaron funcionarios de esa cartera y representantes de la Iglesia, que presentaron un documento con reclamos y propuestas sobre el funcionamiento del sistema de Discapacidad.
Durante esa reunión, la CEA solicitó que el próximo encuentro cuente con una representación oficial más amplia para poder avanzar sobre las cuestiones pendientes. La posibilidad de que participen Mario Lugones y Pablo Di Liscia responde a esa instancia de diálogo que el Gobierno busca sostener mientras define la estrategia legislativa.
Entre los principales planteos de la Iglesia aparecen la continuidad de la emergencia hasta que entre en vigencia un nuevo régimen plenamente operativo, la actualización de los aranceles, la situación de los prestadores y las demoras en el otorgamiento de pensiones. También reclamó revisar aspectos del Presupuesto 2027 relacionados con el sistema de Discapacidad.
Otro de los puntos planteados por la CEA es la necesidad de concretar la compensación correspondiente al atraso acumulado entre 2023 y 2024. La entidad también sostuvo que cualquier transición hacia una ley permanente debe evitar períodos sin cobertura normativa y cuestionó disposiciones que, según su posición, podrían afectar derechos ya reconocidos.
Los planteos abarcan, por lo tanto, tanto cuestiones económicas como aspectos jurídicos y administrativos. La Iglesia busca que la modificación del régimen vigente contemple la continuidad de las prestaciones y que el paso hacia un sistema permanente no genere vacíos legales ni deje sin protección a quienes ya cuentan con derechos reconocidos.
El oficialismo busca convertir el dictamen en una ley permanente
La negociación se desarrolla a partir de los dictámenes firmados en septiembre en la Cámara de Diputados. El 23 de septiembre, La Libertad Avanza consiguió 42 firmas para un dictamen de mayoría, cuatro de ellas en disidencia, con el propósito de reemplazar la emergencia vigente, que vence a fin de año, por un esquema permanente.
La oposición, por su parte, reunió 36 firmas para impulsar la prórroga del régimen actual. Las dos posiciones expresan alternativas diferentes para abordar la continuidad de las políticas de Discapacidad: mientras el oficialismo propone avanzar hacia un marco permanente, la oposición busca extender la emergencia vigente.
El texto oficial mantiene una serie de componentes centrales del sistema. Entre ellos se encuentran las pensiones no contributivas, la cobertura sanitaria, la compatibilidad con determinados ingresos laborales y la universalidad del nomenclador con aranceles homogéneos. También contempla mecanismos de actualización y obligaciones vinculadas con las prestaciones.
Estos aspectos forman parte de la discusión que el Gobierno pretende resolver antes de llevar el proyecto al recinto. La iniciativa busca establecer un régimen permanente, pero su diseño generó diferencias dentro de la propia administración nacional, particularmente por las consecuencias fiscales y las obligaciones que quedarían fijadas por ley.
En ese contexto, la negociación con la Iglesia se desarrolla en paralelo con la búsqueda de consensos parlamentarios. El oficialismo necesita determinar qué cambios puede introducir en el texto sin alterar los componentes centrales de su propuesta y, al mismo tiempo, reunir el respaldo suficiente para avanzar con su aprobación.
Economía, Salud y Legal y Técnica
Las diferencias sobre el proyecto también se manifestaron dentro del Gobierno. Las áreas de Economía, Salud y Legal y Técnica formularon observaciones relacionadas con el costo fiscal de la iniciativa, las obligaciones permanentes que establecería la norma y el margen que conservará el Poder Ejecutivo para administrar el sistema.
Esas objeciones obligaron a la Casa Rosada a organizar una reunión interna para ordenar las distintas posiciones. Del encuentro participaron Luis Caputo, Diego Santilli, Nicolás Mayoraz y María Ibarzabal Murphy, en una instancia destinada a coordinar los criterios de las áreas involucradas.
En la conducción parlamentaria sostienen ahora que las diferencias internas quedaron ordenadas. Sin embargo, reconocen que todavía resta terminar de definir la versión final que llegará a Diputados.
La definición del texto será determinante para el calendario que maneja el oficialismo. La intención es evitar que las observaciones administrativas, presupuestarias y jurídicas prolonguen la discusión y dificulten el tratamiento legislativo previsto para la semana del 20 de octubre.
Los legisladores de La Libertad Avanza transmiten que el acuerdo está próximo, aunque mantienen abierta la posibilidad de que el proyecto reciba modificaciones. La estrategia consiste en alcanzar una versión que reúna respaldo suficiente para su aprobación, sin anticipar todavía cuáles serán los cambios definitivos respecto del dictamen de septiembre.
Tres frentes a resolver
La Casa Rosada busca concentrar en una misma semana tres objetivos que están estrechamente vinculados: terminar de definir la redacción del proyecto, asegurar los votos en Diputados y sostener el diálogo con la Conferencia Episcopal Argentina.
El Gobierno necesita cerrar las diferencias internas y establecer qué respuesta dará a los planteos de la Iglesia, especialmente en materia de actualización de aranceles, compensación por los atrasos acumulados entre 2023 y 2024, continuidad de las prestaciones y garantías normativas durante la transición hacia un régimen permanente.
Al mismo tiempo, la conducción parlamentaria deberá definir el texto que llegará al recinto y reunir los apoyos necesarios para avanzar con el tratamiento. Aunque el oficialismo asegura que está cerca de completar el acuerdo, la letra definitiva todavía no está cerrada.
La nueva reunión con la Iglesia funcionará como otra instancia para acercar posiciones antes de que el proyecto sea sometido a votación. La ampliación de la representación oficial, solicitada por la CEA, podría facilitar el tratamiento de los puntos que todavía generan diferencias entre las partes.
La coincidencia temporal entre la negociación política, el diálogo institucional y el debate parlamentario convierte a esa semana en una instancia clave para la estrategia del Gobierno. La intención es resolver la discusión antes de noviembre y evitar que el conflicto permanezca abierto durante un período de mayor exposición pública.
La visita de León XIV agrega presión al calendario
La negociación adquiere una sensibilidad adicional por la llegada del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. Durante su visita, el pontífice tiene previsto recorrer el Cottolengo Don Orione de Claypole, una institución dedicada a la atención y el acompañamiento de personas con discapacidad.
En sectores de la Casa Rosada existe preocupación por la posibilidad de que la discusión sobre Discapacidad ocupe un lugar central en la agenda pública durante la visita papal. La proximidad de ambos acontecimientos añade presión al objetivo oficial de cerrar previamente el debate legislativo y alcanzar un entendimiento con la Iglesia.
A esa preocupación se suma el malestar generado por las últimas declaraciones del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. No obstante, la decisión política del Gobierno es evitar una respuesta pública y procurar que esa tensión no se traslade al vínculo institucional con la Conferencia Episcopal.
La estrategia oficial apunta a mantener separados los desacuerdos y sostener los canales de diálogo. El Gobierno pretende llegar a noviembre con el frente interno ordenado, una nueva instancia de negociación con la Iglesia y los votos encaminados en Diputados.
Un acuerdo pendiente entre las garantías sociales y la definición legislativa
La discusión sobre Discapacidad combina la intención oficial de reemplazar la emergencia por un régimen permanente con los reclamos de la Iglesia para garantizar la continuidad de las prestaciones, actualizar los aranceles y evitar períodos sin cobertura normativa.
La CEA también reclama que se concrete la compensación por el atraso acumulado entre 2023 y 2024 y que se revisen los aspectos del Presupuesto 2027 vinculados con el sector. Al mismo tiempo, el Gobierno busca resolver las diferencias internas relacionadas con el costo fiscal, las obligaciones que establecerá la norma y las facultades que conservará el Ejecutivo para administrar el sistema.
El resultado de las próximas reuniones deberá definir si ambas partes logran acercar posiciones y si el oficialismo consigue reunir el respaldo parlamentario que necesita. La fecha prevista para el tratamiento en Diputados se mantiene como el principal objetivo de la Casa Rosada, aunque la versión definitiva del proyecto todavía está en elaboración.
Con la visita de León XIV cada vez más cerca, el Gobierno busca evitar que la discusión llegue abierta a noviembre. La semana del 20 de octubre concentrará así la definición legislativa, la negociación con la Iglesia y los esfuerzos por cerrar las diferencias dentro de la propia administración nacional. El desafío oficial será convertir los acuerdos políticos en una propuesta definitiva que pueda ser votada en Diputados, mientras siguen pendientes los planteos sobre la continuidad de las prestaciones y las garantías para las personas con discapacidad.