El escalofriante crimen de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años torturado y asesinado en Santa Fe, reactivó con fuerza el debate político sobre la baja de la edad de imputabilidad. De los tres menores involucrados en el hecho, dos tienen 14 años y permanecen en libertad por no ser punibles, una situación que volvió a poner el tema en el centro de la agenda pública.

Ante la crudeza del caso y el impacto social que generó, distintos dirigentes retomaron la discusión sobre la necesidad de reducir la edad a partir de la cual un menor puede ser juzgado penalmente. En la reforma del Código Penal que elabora el Gobierno nacional se contempla bajar ese umbral de 16 a 14 años, aunque en instancias previas incluso se llegó a proponer que alcance los 13.

Si bien el Poder Ejecutivo decidió no incluir esta reforma en el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias, una fuente de alto nivel con acceso al despacho presidencial señaló a Infobae que aún hay iniciativas en etapa final de redacción, cuyo texto definitivo podría estar listo durante la primera quincena del próximo mes.

No obstante, a raíz de los acontecimientos recientes, al menos dos integrantes de la mesa chica del presidente Javier Milei admitieron que buscan acelerar el debate parlamentario. "Yo la quiero impulsar ahora", afirmó una fuente inobjetable, en referencia a la posibilidad de incluir la iniciativa en el temario de extraordinarias.

"Otro integrante del entorno presidencial explicó que el tema ya fue discutido internamente y que podría incorporarse, ya que las sesiones extraordinarias comienzan el 2 de febrero y, hasta tanto se voten leyes, la Cámara de Diputados no tiene temas en tratamiento. En ese contexto, consideraron que podría ser una discusión relevante, pese a que el proyecto perdió estado parlamentario.

Según pudo saber Infobae, al menos tres dirigentes del oficialismo planean llevar el tema a la reunión de la mesa política prevista para el próximo lunes en Casa Rosada. Sin embargo, dentro del Gobierno también hay posturas más cautas, que sostienen que la baja de la edad de imputabilidad debe analizarse de manera integral junto al resto de la reforma del Código Penal.

"La reforma está contemplada dentro de un proyecto más amplio que estamos terminando", señalaron desde el Ejecutivo. En ese sentido, la intención sería priorizar el debate una vez iniciadas las sesiones ordinarias en marzo y tratarlo incluso antes que otras reformas consideradas urgentes.

La reforma del Código Penal había sido incluida en el temario de sesiones extraordinarias de diciembre pasado, pero nunca llegó al recinto por falta de consensos y porque el Gobierno decidió priorizar el tratamiento del Presupuesto 2026 y el proyecto de Modernización Laboral.

En mayo del año pasado, La Libertad Avanza había logrado que la baja de imputabilidad obtuviera dictamen en la Cámara de Diputados, bajo el nombre de Ley de Responsabilidad Penal Juvenil. Con el cierre del período ordinario, ese dictamen perdió vigencia.

El proyecto establecía que los menores sean punibles desde los 14 años, garantizando en los procesos penales todos los principios del sistema acusatorio, la continuidad educativa y la implementación de programas de formación. Además, fijaba un máximo de 15 años para las penas privativas de la libertad y disponía que los adolescentes sean alojados en institutos especializados o en sectores separados de las cárceles comunes.

Desde el Gobierno explicaron que la idea es avanzar con un régimen penal juvenil integral, que no solo contemple la baja de la edad, sino también políticas de inserción social, asistencia, tratamiento terapéutico y abordajes interdisciplinarios.

La reforma integral del Código Penal atravesó dos grandes etapas. En la primera, un grupo de penalistas —entre ellos el juez Mariano Borinsky y el abogado Jorge Boumpadre— elaboró un texto inicial de 540 artículos, que luego se amplió a 912. Posteriormente, el proyecto ingresó en una revisión política encabezada por el asesor presidencial Santiago Caputo, junto al secretario de Justicia Sebastián Amerio, la abogada Macarela Alifraco, la secretaria Legal y Técnica María Ibarzabal Murphy, la senadora Patricia Bullrich y el abogado penalista Fernando Soto.