El Gobierno nacional ultima detalles para lanzar una ambiciosa reforma de la Policía Federal Argentina (PFA), cuyo eje será la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), un organismo inspirado en el FBI estadounidense y en la Policía Federal brasileña. Aunque el decreto ya está redactado, la Casa Rosada evita precisar cuándo se publicará oficialmente.
El plan implica una modificación de la Ley Orgánica de la PFA y otorga a la fuerza funciones ampliadas para prevenir, detectar e investigar delitos federales y complejos, además de colaborar en la desarticulación de organizaciones criminales. Sin embargo, algunos puntos del borrador generan inquietud: se propone que agentes puedan detener personas y realizar requisas sin orden judicial, con demoras de hasta diez horas, lo que podría abrir la puerta a abusos de poder.
El nuevo esquema también prevé que la PFA intervenga en espacios públicos digitales, como redes sociales, sin requerir autorización judicial, lo cual alimenta temores sobre vigilancia estatal masiva sin controles adecuados.
Para facilitar la reestructuración, el Ejecutivo plantea declarar a la fuerza en "estado de emergencia" durante dos años, habilitando contrataciones directas bajo el decreto 1023/01. Además, se modificará el sistema de ascensos y formación para permitir que suboficiales con experiencia accedan al escalafón de oficiales sin pasar por el curso tradicional.
El Ministerio de Seguridad, que mantendría en sus cargos a los actuales jefes de la PFA, busca que el DFI asuma el control de la investigación criminal en todo el país, a través de nuevas superintendencias regionales. Apunta a ampliar la presencia federal en las provincias y equilibrar la distribución de efectivos, actualmente concentrados en el AMBA (70%).
En paralelo, el Gobierno planea crear un Departamento Federal de Coordinación (DFC) para tareas técnico-administrativas y fortalecer vínculos con fuerzas provinciales, la Justicia y otros organismos. El objetivo: montar una estructura ágil, autónoma y con poder de acción sobre delitos complejos como narcotráfico, terrorismo o corrupción.
La reforma también contempla una nueva estructura de supervisión sobre las Agencias Federales de Investigación, que tendrán equipos propios para pericias forenses y protección de "objetivos estratégicos del Estado".
Aunque el Gobierno promociona la iniciativa como un salto cualitativo en la lucha contra el crimen organizado, sectores jurídicos y organismos de derechos humanos observan con preocupación el desequilibrio entre eficacia y garantías legales. El uso discrecional de la fuerza y la eliminación de pasos judiciales podrían derivar en una expansión policial sin controles claros.
El "FBI argentino" que busca Milei aún no es oficial, pero ya genera debate.
