El Gobierno nacional dará este viernes un paso decisivo dentro de su programa de privatización de activos energéticos, al anunciar qué empresas presentaron ofertas para quedarse por 30 años con la operación de las cuatro represas del Comahue, responsables de alrededor del 15% de la generación eléctrica argentina.
Se trata de los complejos Alicurá, El Chocón-Arroyito, Piedra del Águila y Cerros Colorados, actualmente administrados por AES Argentina, Enel, Central Puerto y Orazul, respectivamente. Los contratos de concesión de esas represas vencieron en agosto de 2023 y las empresas fueron autorizadas a continuar la operación hasta fin de este año, o hasta que las centrales pasen a nuevas manos privadas.
Según fuentes oficiales, el Gobierno espera recaudar entre US$500 y US$700 millones con este proceso licitatorio, que se inició en agosto y cierra hoy. Las autoridades remarcaron que hubo más de 300 consultas sobre los pliegos y que podrían recibirse unas diez ofertas.
Los actuales operadores planean participar de la compulsa, pero las bases impiden que un mismo grupo se adjudique más de dos complejos hidroeléctricos. Además, trascendió que Pampa Energía, Genneia, Edison Energía y Aluar también mostraron interés en competir por las concesiones.
Una vez difundido el listado de oferentes, la Agencia de Transformación de las Empresas Públicas, dependiente del Ministerio de Economía, analizará los antecedentes y la documentación técnica. En las próximas semanas se conocerán las ofertas económicas, que incluirán el pago de un canon a las provincias de Neuquén y Río Negro por el uso del recurso hídrico. La preadjudicación se concretaría antes de fin de año, con la expectativa de que los nuevos operadores asuman la gestión a comienzos de 2026.
Más privatizaciones en camino
El Ejecutivo no detiene su plan de reprivatización y ya avanza con los trámites para otras siete represas hidroeléctricas, cuyos contratos vencerán entre noviembre de 2025 y julio de 2026. Se trata de Futaleufú, Cabra Corral, El Tunal, Ullum, El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo.
La empresa estatal Enarsa realizó esta semana una audiencia pública para contratar una auditoría técnica que determine el estado operativo de esas centrales y las inversiones necesarias para su mantenimiento, paso previo a su futura concesión al sector privado.
De concretarse, este proceso consolidará una nueva etapa en la reconfiguración del sistema energético argentino, marcada por el impulso a la participación privada en sectores estratégicos del país.
