La democracia argentina requiere para su plena vigencia política y social el respeto al sistema institucional establecido en la Constitución Nacional, y el equilibrio armónico entre los poderes del Estado. Pero esencialmente, precisa que quienes ejercen esos poderes, respeten irrestrictamente el estado de Derecho y las garantías constitucionales aseguradas a toda la ciudadanía.
Ello se logra cuando el ejercicio funcional se desempeña con apego a las normas jurídicas, y dentro del marco de las competencias, atribuciones y deberes conferidas por la Constitución y las leyes a cada poder público.
Las y los legisladores nacionales tienen inmunidad de opinión para poder ejercer libremente la función parlamentaria sin presiones ni sujeciones de ningún tipo, salvo las delimitadas por la Constitución y la ley. Y esta inmunidad es tan importante como la garantía de independencia del Poder Judicial para poder administrar justicia, porque ambas encuentran sustento y emanan de la propia Constitución.
Expresar en el Senado de la Nación la preocupación democrática por la existencia de mesas judiciales vinculadas a poderes políticos que procuraban el armado de causas judiciales destinadas a perseguir a sindicalistas o a cualquier otro ciudadano opositor, en el marco del law fare, y la presunta vinculación de funcionarios judiciales en la trama de complicidades espurias, no solo no configura ningún ataque a la institucionalidad, sino que procura proteger a la institucionalidad democrática y a toda la comunidad de los desvíos y abusos de poder.
La igualdad ante la ley es aplicable a todos y todas. Y nadie puede ni debe sustraerse a la acción de la Justicia, cuando sus actos resulten contrarios a derecho. Tampoco ningún Procurador.
Lo que resulta realmente lesivo del estado de Derecho, es que quienes fueron o son miembros de poderes del Estado, utilicen metodologías penadas por la ley, como elementos de persecución de opositores políticos o sindicales, retrotrayendo al país a épocas oscuras de conculcación de garantías constitucionales y violaciones de derechos humanos.
El espionaje ilegal, el armado de causas judiciales pergeñadas desde ilegales “mesas judiciales”, con participación de políticos, miembros del Poder Judicial, empresarios y periodistas o representantes de medios de comunicación, es lo que realmente debiera preocuparles y ocuparles. Porque eso sí configura delitos penales, y lesiona con gravedad institucional extrema, la vida democrática, la institucionalidad y las garantías y derechos constitucionales de la ciudadanía.
Firma el escrito; Lucia Corpacci presidenta; Raúl Jalil - vice presidente primero; Marcelo Rivera - vice segundo; Isauro Molina - secretario general y demás miembros del partido.
