El Gobierno de Javier Milei ha generado una fuerte polémica tras anunciar el proyecto de ley "Igualdad ante la ley". Esta iniciativa propone la eliminación de normativas que reconocen derechos adquiridos por mujeres y minorías, como la Ley Micaela, la figura del femicidio en el Código Penal y los cupos laborales para personas trans y con discapacidad. A simple vista, estas medidas, justificadas bajo el argumento de "igualdad", representan un preocupante retroceso en materia de derechos humanos.

En su discurso en el Foro de Davos, Milei criticó abiertamente lo que denominó la "ideología woke", calificándola como "el cáncer que hay que extirpar". Este enfoque incluye ataques hacia el feminismo, la ideología de género y el ambientalismo, entre otros movimientos sociales. Estas declaraciones no solo generaron indignación en sectores políticos y sociales, sino que también pusieron en tela de juicio el compromiso del Gobierno con la protección de las poblaciones más vulnerables.

En busca de aliados para llevar a cabo la polémica medida, el proyecto podría poner en contradicción a varios legisladores: Si hoy acompañan al Gobierno, estarían demostrando fidelidad política, lo que los incorporaría con mayor fuerza al proyecto libertario, más allá de alcanzar o no las mayorías necesarias para aprobar la iniciativa de igualdad ante la ley. 

Algunos referentes políticos consideran que los anuncios del presidente Milei son como "bombas de humo" destinadas a provocar un efecto contrario: generar escándalo para después, no concretar nada.

La figura del femicidio: una necesidad ante una realidad alarmante
La propuesta de eliminar la figura del femicidio del Código Penal argentino ha sido duramente criticada. Según cifras recientes, en 2024 se registraron 267 femicidios en el país, lo que equivale a un asesinato de una mujer por razones de género cada 30 horas. Más de la mitad de estos casos ocurrieron en contextos de violencia doméstica, dejando a cientos de niños en situación de orfandad.

Diversos legisladores, como Martín Lousteau, han señalado que la tipificación del femicidio no es un "privilegio", sino una herramienta esencial para visibilizar la violencia de género y abordarla con medidas preventivas y punitivas. Ignorar esta realidad bajo la premisa de una supuesta igualdad universal es desconocer las profundas desigualdades estructurales que afectan a las mujeres en la Argentina.

Ley Micaela: una herramienta clave en peligro
La Ley Micaela, que obliga a funcionarios públicos a recibir formación en género y violencia contra las mujeres, es otra de las normativas que el proyecto busca derogar. Esta ley ha sido fundamental para generar conciencia en las instituciones del Estado y promover una cultura de respeto e igualdad. Su eliminación sería un golpe a años de avances en la capacitación institucional en temas de género, lo que podría perpetuar la discriminación y la violencia.

Críticas desde el Congreso y la sociedad civil
Legisladores de diversas fuerzas políticas han manifestado su rechazo al proyecto. Desde la Unión Cívica Radical, pasando por Unión por la Patria (UxP) y la Coalición Cívica, se han alzado voces en defensa de estas leyes. Natalia Sarapura, diputada de UCR, subrayó que el feminismo no busca "privilegios", sino combatir desigualdades históricas que afectan a mujeres y diversidades.

El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal también emitió un comunicado en el que destacó la importancia de proteger a los sectores más vulnerables, recordando que la democracia debe garantizar el respeto por los derechos humanos y la igualdad real de oportunidades.

Por su parte, el diputado Esteban Paulón expresó su oposición al proyecto. "Luego del discurso del presidente en el Foro de Davos, que puso en tela de juicio muchos derechos conquistados y el marco legal argentino en materia de diversidad, feminismo y derechos humanos, era lógico que eso se plasmara en un proyecto de ley que van a presentar entre febrero y marzo. Nuestra posición es negativa. No hay condiciones para que este proyecto se apruebe", anticipó.

"Muchos legisladores que apoyaron a Milei desde la oposición dialoguista u otros espacios, votaron y promovieron esos proyectos -advirtió Paulón-. Así que entiendo que hay una mayoría sólida en el Congreso para sostenerlos, salvo que en su momento no los hayan apoyado por convicción, sino por conveniencia política. Y ahora, para obtener un lugar en alguna lista, finalmente resignen sus principios y terminen votando con el Gobierno. Objetivamente, no le veo posibilidades. Creo que habrá un límite, un cordón sanitario democrático en el Congreso, para que esta propuesta no sea aprobada".

En la red social X, Paulón agregó: "Hay que generar un cordón democrático. Quienes creemos en la democracia y el Estado de derecho no podemos permitir este atropello. Este proyecto será un verdadero principio de revelación sobre la verdadera convicción de muchxs. Sostener valores o claudicar por un lugar en las listas de LLA". Además, presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei.

En tanto, el diputado del PRO Damián Arabia manifestó: "Creo en la igualdad ante la ley. Milité el matrimonio igualitario para que todos nos pudiéramos casar, no para tener privilegios frente a otros. Yo quiero poder casarme igual que cualquier heterosexual, no quiero el privilegio de entrar en una lista por un cupo especial".

Desde la bancada de Unión por la Patria (UxP), la diputada Paula Penacca anunció: "Vamos a presentar una denuncia penal contra las declaraciones del presidente Javier Milei, que son de una enorme gravedad y peligrosidad porque incitan y convocan a la violencia. Eso no se puede dejar pasar. Son muy peligrosas porque no debemos olvidarnos de que están en boca del Presidente, la máxima autoridad institucional de nuestro país. Además, se viene construyendo un clima de violencia, y estos dichos reafirman y convocan a la violencia".

Por su parte, la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade publicó en sus redes sociales: "'Batalla cultural', le dicen... Los 'zurdos' no votaremos volver atrás con legítimas conquistas... Y que vengan a buscarnos. Estamos en el Congreso".

El radicalismo, al menos un sector, mostró una postura crítica. El senador y titular de la UCR, Martín Lousteau, expresó en redes sociales: "¿Cuántas libertades más va a recortar el gobierno liberal libertario? La figura de femicidio responde a una realidad concreta: las mujeres son asesinadas por razones de género. En 2024 hubo 267 femicidios, uno cada 30 horas, y al menos 267 niños quedaron huérfanos. Más de la mitad ocurrieron en contextos de violencia doméstica. Tipificarlo como un delito específico no es un privilegio; es reconocer que esta violencia existe, visibilizarla y abordarla con medidas concretas para prevenir y sancionar. Vamos a seguir luchando por los derechos de las mujeres en nuestro país".

Un retroceso que afecta a toda la sociedad
Las iniciativas del Gobierno no solo amenazan con desmantelar derechos adquiridos por las mujeres y las minorías, sino que también generan un clima de violencia y polarización. Declaraciones como las del presidente Milei y su gabinete no solo ignoran problemáticas sociales de gran magnitud, sino que pueden incitar a un aumento de la violencia hacia sectores históricamente discriminados.

El costo de ignorar las desigualdades estructurales
El proyecto "Igualdad ante la ley" no promueve una igualdad real; más bien, ignora las desigualdades que persisten en la sociedad. La eliminación de herramientas legales como la figura del femicidio y la Ley Micaela representa un retroceso en la lucha por los derechos humanos y la erradicación de la violencia de género.

Es esencial que el Congreso y la sociedad en su conjunto actúen como un "cordón democrático" para proteger las conquistas alcanzadas. En un contexto donde una mujer es asesinada cada 36 horas por violencia machista, eliminar estas leyes es un acto que pone en riesgo la vida y la dignidad de miles de personas.