En menos de 24 horas, el Senado de la Nación se convertirá en el epicentro de una de las discusiones legislativas más trascendentales y, hasta hace poco, manejadas con el mayor silencio posible por la actual gestión. El Gobierno trabaja a destajo para obtener la media sanción de la reforma de la Ley de Glaciares, una iniciativa que se percibe como la piedra angular del plan que busca llevar adelante, pero que hoy transita un escenario de extrema paridad. En los pasillos de la Cámara Alta, la incertidumbre es la norma y los legisladores reconocen que la votación se define por una diferencia mínima; de hecho, un senador que adelantó su rechazo al proyecto graficó la paridad explicando que se encuentran ante un escenario de uno arriba o uno abajo donde no sobra nada, mientras las reuniones de bloque se suceden sin pausa en busca de un consenso que parece esquivo.
Un rompecabezas numérico al límite del quórum
Para el oficialismo, la aritmética parlamentaria se ha vuelto un desafío de precisión quirúrgica. El bloque libertario se mantiene encolumnado en su totalidad aportando 21 voluntades, pero para alcanzar los 37 votos necesarios que garantizan tanto el quórum como la media sanción, la dependencia de los aliados es absoluta. El problema radica en que los socios que acompañaron hasta ahora muestran fisuras profundas, lo que podría transformar a este proyecto en el "cisne negro" de las sesiones extraordinarias. De los bloques que actúan como satélites, la situación es compleja: solo cuatro de los diez senadores de la UCR están dispuestos a apoyar, a los que se sumarían un integrante del PRO, tres de Convicción, dos del Frente Renovador de la Concordia Social y representantes individuales de La Neuquinidad, Primero los Salteños y el bloque Independencia.
La gran novedad en este conteo es la incorporación de dos exgobernadores del kirchnerismo, Sergio Uñac de San Juan y Lucía Corpacci de Catamarca, quienes representan a provincias con intereses mineros directos. Con estos apoyos, el oficialismo alcanza los 36 votos, quedando a tan solo un paso de la mayoría. La mirada está puesta ahora en la sanjuanina Celeste Giménez, cuya procedencia geográfica la vincula a la actividad minera, aunque altas fuentes de La Cámpora señalaron que la legisladora seguirá las directrices partidarias que califican al proyecto como "malo". Esta resistencia pone en riesgo las inversiones que el Gobierno pone sobre la mesa a la hora de negociar, mientras algunos radicales que no acompañan la medida sospechan que, si el oficialismo decide ir al recinto, es porque finalmente creen haber conseguido el número necesario.
El eje de la reforma: discrecionalidad y ambiente periglacial
El corazón del proyecto de ley propone un giro radical en la filosofía de preservación de los recursos hídricos sólidos del país. El cambio fundamental radica en que se desplaza el criterio de protección de los glaciares desde un enfoque científico y uniforme hacia uno determinado políticamente por cada provincia. Esta modificación implica una mayor discrecionalidad local en el manejo de los recursos y una consecuente disminución de la tutela ambiental a nivel nacional. La importancia de esta reforma es crítica para el Gobierno, ya que se considera un paso necesario para otorgar seguridad a las inversiones mineras que se planea atraer a través del RIGI.
Uno de los puntos técnicos más polémicos es que la nueva normativa elimina la prohibición expresa de realizar minería sobre el ambiente periglacial, lo que, según denuncian diversos sectores, debilita la protección ambiental vigente en favor de la actividad extractiva. Además, el texto habilita la realización de proyectos mineros en zonas cercanas a glaciares siempre que las autoridades provinciales determinen que no se afectan las reservas estratégicas de agua dulce. Esta transferencia de facultades de control de la Nación a los estados provinciales es vista por el oficialismo como una herramienta de fomento productivo, pero por la oposición como una degradación de los presupuestos mínimos de conservación.
Advertencias sobre inconstitucionalidad y reservas de agua
La iniciativa no solo enfrenta resistencias políticas, sino también una fuerte presión de organizaciones ambientales y especialistas. Los detractores sostienen que la reforma es inconstitucional, argumentando que vulnera los presupuestos mínimos de protección ambiental consagrados en la Constitución Nacional al romper con la tutela uniforme en todo el país. Advierten que la iniciativa responde meramente a presiones de provincias con intereses mineros inmediatos y que la aplicación de estas reformas podría provocar la destrucción irreversible de reservas estratégicas de agua dulce, fundamentales para el consumo humano y el ecosistema.
Desde los sectores más críticos señalan que, aunque aparezcan algunos legisladores dispuestos a inmolarse políticamente votando a favor, el proyecto es técnicamente deficiente y pone en riesgo la protección de los glaciares a largo plazo. La tensión en el Senado refleja una disputa de fondo entre la necesidad del Poder Ejecutivo de dinamizar las inversiones mineras y la resistencia de quienes ven en este cambio legislativo un retroceso ambiental peligroso. Con los números al límite y el PJ operando como posible verdugo o salvador involuntario, la sesión de mañana definirá no solo el futuro de los glaciares, sino también la viabilidad del esquema de inversiones que el Gobierno considera vital para su plan económico.
