El Senado dio sanción definitiva, con número 5.778, al Proyecto de Ley, remitido por la Cámara de Diputados con media sanción, e iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, para la aprobación del Acuerdo Marco de Facilitación y Fomento del Proyecto Minero suscripto entre el Poder Ejecutivo Provincial y el Poder Ejecutivo de la Provincia de Salta.

El senador Héctor Fernández, en su calidad de miembro informante, mencionó los fundamentos del proyecto: “El presente proyecto de ley tiene como objetivo la aprobación del Acuerdo Marco suscripto entre el Poder Ejecutivo Provincial y el Poder Ejecutivo de la Provincia de Salta con fecha 10 de Mayo de 2021. Remontándonos a los antecedentes del acuerdo marco, se debe hacer mención al Convenio de Comisión de Limites suscripto entre las provincias de Catamarca y Salta con fecha 27 de diciembre de 2019, en virtud del cual ambas jurisdicciones acordaron la creación de una Comisión Interprovincial con la finalidad, entre otras, de elaborar y proponer proyectos, programas y/o regímenes de promoción de la actividad minera que serán elevados por los Poderes Ejecutivos de ambas Provincias dentro de los 90 días de su constitución, para su posterior presentación y aprobación por parte de las legislaturas provinciales”.

“En ese sentido, resulta necesario establecer metodologías de trabajo conjuntas en la sección determinada dentro de la zona de conflicto en la que se encuentra el proyecto Minero denominado “SAL DE ORO” (de la empresa “POSCO ARGENTINA S.A.U (POSCO)”, y respecto de las concesiones o derechos que dicha empresa posee a la fecha, en la zona que será denominada en el acuerdo marco como “EL AREA” o “AREA” y en las zonas donde el proyecto Minero denominado “SAL DE ORO pueda ampliarse. Resulta oportuno destacar que, la suscripción del acuerdo marco en modo alguno significa el reconocimiento y/o renuncia alguna de los derechos territoriales, ni de los recursos naturales existentes y/o cualquier otro derecho.  En la cláusula segunda del Acuerdo Marco se establecen objetivos generales y específicos.  En relación al objetivo específico del acuerdo marco se menciona que el mismo será brindar un esquema de promoción que permita a las PROVINCIAS dividir en partes iguales los tributos, regalías y cualquier otro gravamen de los minerales extraídos en “EL AREA” de diferendo. Asimismo, se verán beneficiados en la misma proporción por cualquier beneficio tributario nacional o provincial que a futuro recaigan sobre “EL PROYECTO” por sus actividades en “EL AREA”. En relación a ello, la Cláusula Octava del acuerdo marco prevé respecto a los objetivos específicos mencionados precedentemente que los mismos entrarán en vigencia a partir de la aprobación del referido acuerdo por Ley de ambas PROVINCIAS, sin que pueda alterarse la sustancia, derechos y obligaciones dispuestas para ambas partes”, concluyó Fernández. 

El senador por la oposición, Ariel Cordero, manifestó su desacuerdo con el proyecto, diciendo: “Yo no convalido este proyecto porque los recursos naturales son 50% de Salta y 50% de Catamarca y no, sino que deben ser del 100% para Catamarca. Además la planta donde se extrae el litio del proyecto está en Catamarca, pero haciendo 200m está la planta separación, que está en la provincia de Salta, y vamos a tributar en Salta, entonces después Salta tiene que mandarnos después el 50% de lo que se va a tributar. Sigo considerando que los recursos naturales son el 100% de Catamarca y me gustaría que en esa política minera, el 100% de los recursos de Catamarca queden en Catamarca”.

A continuación, el senador por Belén, Jorge Solá Jais, respondió al senador opositor diciendo: “Creo que si la política hubiera resuelto los problemas de límites entre Catamarca y Salta, esto estaría resuelto pero este proyecto es el que posibilita que un proyecto de litio, que está en una zona de conflicto entre dos provincias, se pueda llevar a cabo, no estamos discutiendo la cuestión del territorio porque eso está en otro ámbito, que es el Congreso de la Nación. Lo que sí posibilita este proyecto de ley es un acuerdo entre dos provincias para posibilitar la explotación de un yacimiento que sí está en una zona de conflicto y no genera ningún tipo de desconfianza sino que llegaron a un acuerdo dos gobiernos provinciales para que podamos explotarlo y tener beneficios 50 y 50, porque es lo lógico, pero no genera ningún tipo de incertidumbre, la incertidumbre la ha generado la política mal implementadas en cuestiones mineras en los años anteriores al 2011. Este proyecto, va hacer un proyecto muy grande, porque todavía no está funcionando, para toda la zona de influencia”.

Agricultura Familiar, campesina e indígena

Además, el senado dio sanción definitiva, al Proyecto de Ley remitido por la Cámara de Diputados con media sanción, iniciado por la diputada Natalia Soria para reconocer y Valorizar la Agricultura Familiar, campesina e indígena como un sector que produce alimentos, bebidas y artesanías en la Provincia de Catamarca.

La miembro informante, Virginia del arco, expresó respecto al proyecto: “La agricultura familiar es un sector estratégico para el desarrollo de alimentos, para el arraigo rural y el desarrollo de las economías regionales. El presidente de la Nación lo consideró como parte de la nueva economía, dentro de la economía popular, dada la relevancia que significa su desarrollo. Nosotros estamos obligados a cuidarla, a garantizarla y a promoverla. Este proyecto de ley tiene los objetivos claros que apuntan a eso, ya que reconocen a la agricultura familiar campesina e indígena como sector productivo en adhesión a la ley 27.118 y otorga beneficios impositivos al sector, eximiendo del pago de tasas retributivas de los servicios asociados a la producción de alimentos y reconociendo a la Renaf como una herramienta fundamental para la identificación, evaluación y ponderación de necesidades del sector. Por último, considero fundamental destacar que esto se transforma en un instrumento importantísimo para diagramar políticas concretas y positivas tendientes a potenciar la agricultura y a las casi 5500 familias que habitan en todo el territorio de nuestro territorio y que viven de la agricultura, comercializando, produciendo y explotando la agricultura”.

Ley de Prevención Sísmica

Por otra parte, el cuerpo aprobó dando sanción definitiva con número 5.780, al Proyecto de Ley remitido por la Cámara de Diputados con media sanción, y que tuvo por iniciadora a la Diputada Cecilia Guerrero, para establecer una Ley de Prevención Sísmica.

El senador Edgardo Seco, en su calidad de miembro informante, leyó los fundamentos del proyecto: “La Provincia de Catamarca se encuentra situada territorialmente en una zona sísmica, lo que la hace pasible de sufrir las consecuencias de eventos sísmicos de distinta intensidad. Quizá la manifestación más fuerte de un terremoto, fue el acaecido el 7 de septiembre de 2004, que tuvo como epicentro a la sierra de Ambato, y que se registrara aproximadamente a 57 km de profundidad, alcanzando una magnitud de 6,5 en la escala de Richter, sintiéndose primordialmente en Los Ángeles, Miraflores, Concepción y en todo el Valle Central. Las réplicas se sucedieron en el mismo día y en las semanas subsiguientes. Todo ello nos lleva al convencimiento de que es imprescindible avanzar en la formación de una conciencia sísmica en la población de la

Provincia, a fines de que como ciudadanía nos encontremos debidamente preparados para saber cómo actuar ante un fenómeno sísmico, tanto individual como colectivamente. A tales fines, se propone el presente proyecto de ley, mediante el cual se propicia el diseño, desarrollo e implementación de actividades permanentes de concientización, formación y preparación de la ciudadanía en general para que estemos preparados en pautas de comportamiento individual y comunitaria para actuar frente a fenómenos sísmicos, con la debida celeridad, prudencia,  precaución, responsabilidad y fundamentalmente con criterio de solidaridad, y todo ello con enfoque de derechos humanos. A tales fines se propone la creación de un Programa Provincial de

Prevención Sísmica, que tiene por objeto el diseño e implementación de actividades de sensibilización, concientización y formación de la ciudadanía sobre el modo de actuación individual y colectiva ante el acaecimiento de eventos sísmicos que afecten una o más ciudades o localidades de la Provincia, y a la capacitación y preparación permanente y continúe de los organismos del Estado para lograr una actuación rápida, efectiva y eficaz ante tales acontecimientos, basado en la defensa civil de la comunidad y en la protección humanitaria, con enfoque de derechos humanos. Los creemos imprescindible a fines de estandarizar los comportamientos que permitan la protección de la vida y la salud de las personas, así como aminorar los riesgos y perjuicios”.

Régimen Procesal de Responsabilidad Penal Juvenil

Senadoras y senadores acompañaron con su voto dando media sanción al Proyecto de Ley iniciado por las senadoras Susana Beatriz Díaz y Senadora Érica Inga para modificación de la Ley N° 5544 “Régimen Procesal de Responsabilidad Penal Juvenil”.

La senadora Érica Inga, fue la encargada de presentar el proyecto, manifestando: “Esto fue un trabajo de manera conjunta con la senadora Susana Díaz y pretende la modificación de 3 de los artículos de la Ley N° 5544 “Régimen Procesal de Responsabilidad Penal Juvenil”; el artículo tercero, en donde se incorpora a los asesores de menores, como a los funcionarios que velan por los derechos de los adolescentes y jóvenes que infringen la ley penal, que deberán acreditar la especialización, y los requisitos necesarios para juez de Cámara, como lo prevé la Constitución provincial y el Poder judicial. Asimismo, la modificación en el artículo 6°, que incorporaría instrumentos legales vigentes para estar en consonancia con las normativas internacionales, incorporando la convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, la Convención Interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer, las Leyes de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad y las reglas de Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas, y medidas privativas de la Libertad para las mujeres delincuentes, teniendo en cuenta la tarea de investigar, juzgar y sancionar a quienes están en conflicto con la ley penal. Asimismo, se incorpora una modificación en el artículo 8°, incluyendo el principio de Protección Integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en consonancia con la superioridad del niño en virtud de la dignidad del ser humano”.