El Senado buscará modificar el número de jueces de la Corte Suprema
Las comisiones discutirán proyectos para modificar la integración del máximo tribunal, con propuestas que van desde siete hasta 21 jueces. El rol clave de Santiago Caputo en los acuerdos con el kirchnerismo y el nuevo foco en la paridad de género.

Con el guiño del Gobierno y tras intensas negociaciones políticas, el Senado avanzará este miércoles en el debate por la ampliación de la Corte Suprema de Justicia. Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales analizarán una serie de proyectos que buscan modificar la cantidad y la composición de los integrantes del máximo tribunal.

Entre las propuestas que se pondrán sobre la mesa figura la del senador Juan Carlos Romero (interbloque Provincias Unidas), aliado del oficialismo libertario, que impulsa una Corte de siete jueces. La iniciativa, según el legislador, busca "mejorar el sistema actual incorporando especialistas en distintas ramas del Derecho, con representación regional y mayor celeridad en la resolución de causas".

El debate se destrabó tras semanas de tensión, luego del fracaso del intento del presidente Javier Milei de designar a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla sin consensos previos. Aquella sesión del 4 de abril terminó con el rechazo a sus pliegos por parte del Senado. Desde entonces, cobraron relevancia los contactos entre el asesor presidencial Santiago Caputo y el senador Eduardo "Wado" de Pedro, que permitieron tender puentes con Unión por la Patria (UxP).

Como establece la Constitución, el nombramiento de jueces de la Corte requiere el respaldo de dos tercios de los senadores presentes. La bancada de UxP, que conduce José Mayans, cuenta con 34 legisladores sobre 72, y su apoyo resulta decisivo para cualquier acuerdo.

Una de las novedades del proyecto de Romero es la inclusión de una cláusula de género: busca que no más de cinco de los siete jueces sean del mismo sexo, una respuesta directa a las críticas por la ausencia de mujeres en las nominaciones previas. UxP y la UCR habían cuestionado la falta de perspectiva de género en las candidaturas de Lijo y García-Mansilla.

Otras iniciativas en análisis

Durante la jornada también se tratarán propuestas presentadas por distintas fuerzas políticas. La senadora Silvia Sapag (UxP) propone elevar la representación femenina al 40% en la Corte. En línea similar, Flavio Fama (UCR), junto a legisladoras de su espacio, plantea extender la paridad a todos los Tribunales Federales Colegiados.

Lucila Crexell (Provincias Unidas) sugiere una Corte de nueve integrantes, con al menos un tercio de mujeres y representación regional. Proyectos similares fueron presentados por Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro), Alejandra Vigo (Provincias Unidas) y Nora del Valle Giménez (UxP), que coinciden en establecer un mínimo del 30% de juezas y una integración federal.

En Diputados, la libertaria Marcela Pagano propone una reforma más ambiciosa: una Corte de 21 miembros dividida en siete salas especializadas por materia, con tres jueces por cada una.

Cambios en la Auditoría General de la Nación

El miércoles también se debatirá una posible reforma en la Auditoría General de la Nación (AGN). El proyecto impulsado por José Mayans (UxP) busca ampliar la integración del organismo a nueve miembros con mandatos de cuatro años, reelegibles. Ocho serían designados por ambas cámaras del Congreso, y el noveno —el presidente— por una resolución conjunta de sus titulares.

Otra iniciativa, presentada por Romero y Carlos Espínola, mantiene los siete miembros actuales pero reduce sus mandatos de ocho a cuatro años. José Leavy (UxP), en tanto, propone reducir el cuerpo a cinco integrantes.

Diputados también discute la AGN

La Cámara baja también mantiene abierto el debate. La semana pasada, un intento de designar como auditores a Emilio Monzó (Encuentro Federal) y Juan Ignacio Forlón (UxP) fracasó por falta de quórum.

En paralelo, el presidente de la Cámara, Martín Menem, presentó su propio proyecto. Plantea que el auditor general sea elegido por el Senado a partir de una terna propuesta por el presidente del partido opositor con más legisladores. Tendría un mandato de cuatro años, con posibilidad de una sola reelección, ya sea consecutiva o alternada.