En un escenario político marcado por la urgencia del debate sobre la seguridad ciudadana y el funcionamiento del sistema de justicia, el bloque de diputados catamarqueños "Elijo Catamarca" ha sentado una posición tajante. A través de un dictamen formal al que este medio tuvo acceso, los legisladores manifestaron su rechazo absoluto al proyecto de ley del régimen penal juvenil impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional, el cual tiene como eje central la reducción de la edad de punibilidad a los 14 años. Para el bloque, esta iniciativa no solo representa un retroceso en términos de derechos fundamentales, sino que carece de un sustento técnico y jurídico que la valide como una solución real al conflicto delictivo.
Los legisladores señalaron de manera enfática que la medida propuesta desoye acuerdos internacionales de jerarquía constitucional, cuestionando su eficacia práctica y advirtiendo por las graves falencias estructurales que impedirían su aplicación. Según el documento elaborado por el bloque, la respuesta que pretende dar el Estado nacional no resulta adecuada, eficaz ni mucho menos compatible con el marco constitucional, convencional e institucional que rige actualmente en la República Argentina.
El conflicto con el marco constitucional y la ONU
El dictamen de los representantes de "Elijo Catamarca" fundamenta su negativa recuperando el espíritu del Artículo 75 de la Constitución Nacional. Los diputados recordaron que la Carta Magna exige de forma explícita la implementación de políticas públicas orientadas a la protección reforzada de la niñez, al mismo tiempo que veda de manera tajante la adopción de medidas regresivas que profundicen las situaciones de exclusión o la vulneración de derechos ya adquiridos. Bajo esta premisa, la baja de la edad de imputabilidad se percibe como una herramienta que transgrede el principio de progresividad en los derechos humanos.
Asimismo, el bloque puso de manifiesto la recomendación vigente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), organismo que sugiere a los Estados miembros mantener la edad de imputabilidad en los 16 años para todo tipo de delitos. Los legisladores advirtieron que estas recomendaciones constituyen pautas interpretativas obligatorias debido a los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino. En consecuencia, su desconocimiento deliberado podría generar una grave responsabilidad internacional para el país, desoyendo además el cuestionamiento unánime de un amplio arco de organismos especializados como el COPAJU, la Red de Jueces y Juezas Penales de la República Argentina y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Más allá de los argumentos jurídicos, el bloque "Elijo Catamarca" analizó la escasa eficacia que tendría la medida en la reducción del índice de criminalidad. Los legisladores sostuvieron que la participación de menores en delitos es estadísticamente poco significativa y utilizaron como ejemplo el caso de la provincia de Buenos Aires. Según afirmaron los diputados, en dicho territorio los delitos cometidos por menores representan solamente el 2,25% del total de las causas judiciales, lo que desmitifica la idea de que la baja de la edad de imputabilidad tendría un impacto drástico en la seguridad pública general.
Finalmente, el dictamen advirtió con preocupación sobre la falta de recursos y el déficit de infraestructura para llevar adelante una ley de estas características. Los legisladores aseguraron que, en el contexto actual, no se cuenta con el presupuesto ni con la infraestructura suficiente para crear los centros especializados que los menores de edad necesitarían para un abordaje penal diferenciado. Esta carencia material convertiría a la ley en una norma impracticable, ya que el Estado no dispone de las herramientas necesarias para cumplir con los estándares de detención y rehabilitación que la propia normativa de protección juvenil exige.
