El secretario general de ATIPV, Pablo Machado, en diálogo con diario LA UNIÓN, expresó que la administración del Instituto Provincial de la Vivienda efectuó "descuentos sin justificación" a los empleados.
Según manifestó, los trabajadores de la entidad realizaron tareas normalmente durante la pandemia ya que fueron decretados como actividad esencial.
En este sentido, Machado señaló: "Estamos esperando que el administrador (Juan Ariel Orellana) reconsidere la decisión que ha tomado, está a tiempo de evitar que haya un mayor daño a los trabajadores".
El gremialista indicó que Orellana "no puede desconocer el reclamo porque se ha formalizado con una nota". Además, contó que observaron una baja generalizada en las calificaciones al rendimiento del personal sin ningún tipo de notificación previa.
"Sin explicación nos bajaron la calificación a 'bueno', lo que implica una pérdida en nuestros adicionales que, hoy por hoy, serían unos 3 mil pesos menos en el bolsillo", acusó.
Además, informaron al administrador que consideran que se ejecutó una práctica desleal prohibida por la ley porque la única explicación, o lo que pasó en el medio, fue la medida de fuerza impulsada por la FUSSI, a la cual se adhirió el gremio de los empleados del IPV.
"Tenemos bien en claro la facultad de discrecionalidad de la administración, pero eso no amerita que una decisión sea arbitraria, después de haber cesado el conflicto", sentenció Machado y agregó que al no haber ninguna justificación, "la asociamos a las medidas de fuerza, la interpretamos como una represalia".
Posteriormente, a través de LA UNIÓN, relató que piden a Orellana que revierta la situación y recapacite. "Está a tiempo de ordenar una corrección y solicitamos expresamente que se haga una liquidación complementaria", acotó.
Por último, manifestó que desean una respuesta formal, ya que "pedimos copias de los convenios los cuales suscribió la Provincia, el Ministerio de Vivienda o el IPV con Nación para analizar las condiciones; ante esta solicitud no obtuvimos respuestas".
