Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola reclamaron nuevamente al Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) que se avance en la ejecución patrimonial de Cristina Fernández de Kirchner y los demás condenados en la causa Vialidad, luego de que la ex presidenta y sus hijos Máximo y Florencia se opusieran al remate de veinte propiedades detalladas por el Ministerio Público Fiscal (MPF).

En su escrito, los fiscales señalaron que la resistencia de los acusados frente a la restitución de fondos al Estado "obliga a activar los mecanismos para ejecutar los embargos" y cubrir un total de 684.990.350.137,86 pesos, equivalentes a unos 537 millones de dólares. Este monto corresponde al decomiso que deben afrontar de manera solidaria como consecuencia de la condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

El 15 de julio, el TOF 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, intimó a Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti y otros condenados a pagar la suma mencionada. La cifra fue actualizada por peritos contables de la Corte Suprema, partiendo de los 85.000 millones de pesos fijados en la sentencia de diciembre de 2022.

El tribunal estableció un plazo de diez días hábiles para el pago del decomiso. Al no registrarse ningún depósito, se inició la etapa de ejecución patrimonial, que abarca bienes incorporados al patrimonio de los condenados entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, período en el que se cometió la maniobra ilícita. Entre los bienes afectados se encuentran hoteles, terrenos, casas y complejos de departamentos.

La defensa de los hijos de la ex presidenta alegó que los inmuebles fueron adquiridos por sus progenitores "a título oneroso, con activos de origen legítimo y mediante operaciones lícitas", y que Máximo y Florencia "no tuvieron participación directa ni indirecta" en los hechos. Sin embargo, se señaló que Máximo firmaba cheques de la empresa Hotesur.

Frente a estos planteos, Luciani y Mola respondieron en un dictamen de 65 páginas, sosteniendo que la resistencia de los condenados a cumplir la sentencia demuestra "falta de arrepentimiento" y constituye una afrenta al principio de igualdad ante la ley. Los fiscales subrayaron que el cumplimiento total de la condena "no puede quedar librado a la buena voluntad de los condenados" y que corresponde utilizar todos los mecanismos legales para asegurar la recuperación de los activos.

El MPF destacó que el decomiso debe aplicarse a cualquier bien incorporado durante el lapso de la maniobra delictiva, sin hacer distinciones sobre la participación individual de los condenados. Asimismo, remarcó que muchas de las propiedades están vinculadas con Lázaro Báez y que varias operaciones contaron con la intervención del contador Víctor Manzanares, acusado de liderar una organización dedicada al reciclaje de fondos ilícitos a través del negocio hotelero.

Según los fiscales, la ejecución patrimonial inmediata busca "recuperar los bienes para fines públicos", como inversiones en infraestructura, salud, educación, vivienda y seguridad. Además, resaltaron que la medida envía un mensaje a la sociedad para "desterrar la impunidad de los grandes casos de corrupción" y restaurar la confianza en las instituciones tras 12 años de maniobras fraudulentas al Estado.

El TOF 2 debe ahora resolver sobre la ejecución de los bienes mientras la defensa de la familia Kirchner mantiene su postura de oposición, insistiendo en que los activos fueron adquiridos de manera legítima y que los hijos de la ex presidenta no participaron en la causa.