El destino de la fortuna construida por la familia Kirchner y su socio principal, Lázaro Báez, ha ingresado en una fase de definiciones críticas en los tribunales federales. Luego de que en junio de 2025 la Corte Suprema de Justicia otorgara firmeza a la condena por corrupción en la causa Vialidad, la maquinaria judicial se ha centrado en un objetivo central: la ejecución de activos para resarcir al Estado por una defraudación calculada en la cifra exacta de $684.990.350.139,86.

El mandato del TOF 2 y el primer universo de bienes

El pasado 18 de noviembre, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), compuesto por los magistrados Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, dictó una resolución determinante. El tribunal ordenó proceder con la ejecución de bienes para que los nueve condenados respondan de forma solidaria con sus patrimonios hasta cubrir el monto total del fraude.

Esta decisión inicial afecta a un primer grupo de 111 propiedades que ya se encuentran bajo la órbita de la Corte Suprema. En este listado se individualizaron 20 activos pertenecientes a la familia Kirchner:

Un inmueble a nombre de la ex presidenta Cristina Kirchner.

19 propiedades que fueron heredadas a título gratuito y en partes iguales por sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.

Por su parte, el empresario Lázaro Báez enfrenta la pérdida de más de 80 propiedades, incluyendo activos de las empresas que formaron parte de la maniobra de las 51 licitaciones viales. La justicia ha sido clara: el decomiso busca impedir que el delito rinda beneficios y cumplir con la función reparadora del daño social causado, en línea con las convenciones internacionales contra la corrupción.

La resistencia judicial y el factor temporal

La ejecución no está exenta de batallas legales. Las defensas han interpuesto recursos ante la Cámara de Casación para frenar el traspaso definitivo de los bienes. El argumento de los hijos de la ex mandataria sostiene que los inmuebles recibidos en la herencia de marzo de 2016 tienen un origen "lícito y comprobado", por lo que no deberían ser alcanzados.

Sin embargo, la justicia federal ha establecido un criterio temporal inamovible: todos los bienes incorporados al patrimonio de los condenados entre 2003 y 2015 —periodo en el que se desarrolló la maniobra defraudatoria con sobreprecios promedio del 65%— son pasibles de decomiso.

El fiscal general Mario Villar ha rechazado los planteos de las defensas, recordando que el decomiso es una consecuencia directa de la gravedad institucional del delito. Ahora, la palabra final reside en los jueces de Casación: Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña.

El nuevo avance de Luciani: 141 inmuebles y dólares en efectivo

Ante la falta de depósito del dinero adeudado por parte de los condenados, el fiscal Diego Luciani y su par Sergio Mola han redoblado la apuesta con un nuevo dictamen. Los fiscales denuncian que los acusados han utilizado "artilugios procesales" para dilatar el proceso, lo que constituye una "afrenta a la sentencia firme".

En este nuevo pedido, se solicita el decomiso de:

141 inmuebles adicionales: 13 de sociedades de los Kirchner y 128 vinculados a Báez.

46 automotores.

Activos financieros de Florencia Kirchner: USD 4.664.000 (cajas de seguridad) y USD 992.134 (caja de ahorro), además de sumas menores en pesos.

Este listado incluye activos emblemáticos como el hotel Alto Calafate (único inmueble de Hotesur SA), el hotel Las Dunas, La Aldea de El Chaltén y la residencia de la ex presidenta en El Calafate, lindante a la Casa Patagónica Los Sauces. También figura el departamento de la calle San José 1111, donde Cristina Kirchner cumple su arresto domiciliario.

Radiografía de un patrimonio bajo sospecha

La disparidad entre los inicios de los protagonistas y su fortuna actual es uno de los puntos que la justicia ha puesto bajo la lupa. El caso de Lázaro Báez es paradigmático: en 2003 era monotributista con una vivienda social; para 2016, su fortuna se tasó en 206 millones de dólares, incluyendo 1.412 bienes muebles e inmuebles en ocho provincias.

En cuanto a los herederos, Máximo Kirchner declaró ante la Oficina Anticorrupción un patrimonio superior a los $8.300 millones, mientras que su madre declaró $250 millones. Hoy, la totalidad de estos activos y las estructuras societarias de Los Sauces y Hotesur dependen de la resolución final de la Corte Suprema de Justicia, el último eslabón en la recuperación de los activos de la corrupción.