El escenario legislativo de la República Argentina se encuentra en las puertas de una transformación estructural en materia de seguridad y justicia. Este jueves, el bloque oficialista de La Libertad Avanza (LLA) logró consolidar el dictamen en el Senado de la Nación para el nuevo Régimen Penal Juvenil, una iniciativa que busca reconfigurar el tratamiento legal de los menores que incurren en delitos. Tras obtener el despacho de comisión, la propuesta queda habilitada para su tratamiento en el recinto de la Cámara alta, donde el oficialismo confía en alcanzar la sanción definitiva la próxima semana.
La jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, fue la encargada de formalizar el anuncio. A través de sus canales oficiales, la legisladora subrayó la determinación del espacio para modificar la normativa vigente, sosteniendo que en el país no puede haber más víctimas ni familias destruidas, ni tampoco impunidad de menores que, según sus palabras, se escudan en su edad para delinquir y regresar a sus hogares sin consecuencias legales.
La noticia del dictamen fue recibida con satisfacción por el Poder Ejecutivo. Desde Estados Unidos, el presidente Javier Milei celebró el avance parlamentario mediante un mensaje que refuerza la dirección de su programa de gobierno: "Todo marcha acorde al plan". Este respaldo reafirma que la reforma del sistema penal juvenil es una de las piezas angulares de la agenda oficialista para el período legislativo en curso.
Cabe recordar que la iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, donde el debate concluyó la semana pasada con un resultado de 149 votos a favor y 100 en contra. En aquella instancia, el proyecto recibió el apoyo de una coalición integrada por LLA, la UCR, el PRO y otros bloques aliados, mientras que el bloque del peronismo, la izquierda y ciertos espacios provinciales manifestaron su rechazo. Con este nuevo paso en el Senado, el oficialismo se prepara para un cierre de debate de alta intensidad.
La reforma propuesta tiene como objetivo principal reemplazar la normativa actual, vigente desde la última dictadura militar. El nuevo texto establece un régimen especial para menores de edad, diseñando un esquema de sanciones diferenciadas que se ajustan a la gravedad de los ilícitos. El cambio más significativo es la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
Los puntos centrales que definen la estructura técnica de la ley son:
- Prohibición de prisión perpetua: No se podrá aplicar la pena máxima de reclusión de por vida a menores bajo ninguna circunstancia.
- Límites de condena: Para delitos graves, se establecen penas que pueden alcanzar un máximo de 15 años.
- Segregación carcelaria: Los menores deberán cumplir sus sanciones en establecimientos especializados y separados de los adultos.
- Resocialización: Se incorporan mecanismos de reinserción social y sanciones alternativas a la privación de la libertad.
- Criterios de excarcelación: Para delitos con penas menores a tres años, se descarta la prisión.
- Enfoque socio-educativo: En casos con penas de entre tres y diez años que no involucren muertes o lesiones graves, la ley priorizará sanciones educativas.
Con el dictamen ya firmado y el compromiso de la senadora Patricia Bullrich de convertirlo en ley la próxima semana, la atención política se traslada ahora a las estrategias que los distintos bloques desplegarán en el recinto. El oficialismo busca cerrar este capítulo legislativo argumentando que la nueva ley dotará al Estado de herramientas más eficaces para combatir la delincuencia juvenil y terminar con los vacíos legales del sistema anterior.
La discusión no solo se centrará en la baja de la edad de imputabilidad, sino también en la capacidad operativa del Estado para garantizar que los establecimientos de detención cumplan con los estándares de resocialización prometidos. Se espera que la sesión sea una de las más intensas del período, marcando un hito en la agenda de seguridad ciudadana propuesta por la administración de Javier Milei.