En una jornada marcada por la alta tensión política y gremial, el sistema aerocomercial argentino se convirtió en el epicentro de un nuevo enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y los sindicatos. Tras la parálisis casi total del sector debido al paro general de la CGT en rechazo a la reforma laboral, la empresa Flybondi se encontró en el centro de una controversia que escaló rápidamente a los despachos oficiales. El Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Transporte, denunció que la Federación de Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (SUPeH) realizó un boicot dirigido exclusivamente contra la aerolínea low cost, dejándola sin el suministro de combustible necesario para operar sus rutas desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
La mecánica del desabastecimiento en Ezeiza
La denuncia gubernamental surgió de forma inmediata tras el anuncio de la compañía sobre la suspensión total de su cronograma. Según las autoridades de transporte, Flybondi —empresa que inicialmente mantuvo sus vuelos operativos en Ezeiza para mitigar el impacto de la huelga— comenzó a sufrir lo que calificaron como una maniobra del ala sindical de los distribuidores de combustibles aeronáuticos. A pesar de haber retomado operaciones durante la madrugada y haber cumplido con nueve vuelos iniciales hacia destinos como Río de Janeiro, Florianópolis, Mendoza, Córdoba y Ushuaia, la empresa se vio imposibilitada de concretar las salidas programadas por la mañana.
El motivo de la parálisis fue la inacción de los camiones encargados del suministro: mientras las aeronaves permanecían en tierra, los transportistas no entregaron el combustible requerido. El comunicado oficial del Gobierno fue tajante al señalar que la falta de abastecimiento respondía a una medida sindical y no a una decisión empresarial, destacando un dato que consideran probatorio del boicot: los distribuidores en Ezeiza estaban abasteciendo con normalidad a otras compañías internacionales que arribaban a la terminal, pero negaban el servicio a la low cost local. En este sentido, se subrayó que Flybondi sí estaba recibiendo combustible en otros aeropuertos del país, lo que circunscribe el conflicto exclusivamente a la terminal de Ezeiza y a la proveedora YPF Aviación.
Impacto en los pasajeros y la respuesta de Flybondi
La situación generó un caos logístico de proporciones considerables en la terminal aérea más importante del país. La falta de suministro afectó de manera directa a más de 1.100 pasajeros que ya se encontraban en el área de preembarque y a otros 800 que estaban realizando el proceso de check-in. En términos globales, la decisión de cancelar el resto de la programación del jueves implicó la suspensión de 90 vuelos, lo que terminó damnificando a un total de 9.700 pasajeros. Flybondi había trasladado toda su operación a Ezeiza para aprovechar su capacidad de autoprestación de servicio de rampa (handling), intentando esquivar el impacto de la medida de fuerza, pero la falta de carga de combustible volvió inviable cualquier esfuerzo operativo.
Curiosamente, el comunicado emitido por la propia aerolínea mantuvo un tono más cauteloso que el del Ejecutivo nacional. La compañía informó que se vio obligada a cancelar su programación debido a la falta de abastecimiento derivada del paro general, sin utilizar explícitamente la palabra "boicot" en su texto. Ante lo que calificaron como una circunstancia externa, la empresa habilitó para los usuarios la opción de cambiar la fecha de su viaje sin costo adicional ni diferencia de tarifa, brindando la posibilidad de volar incluso hasta el 15 de marzo de 2026 a través de la gestión en su sitio web oficial.
El panorama del sector y la crisis de conectividad
El impacto del paro nacional en el transporte aéreo fue masivo y trascendió el conflicto puntual de la low cost. Aerolíneas Argentinas ya había anticipado la cancelación de 255 vuelos, afectando a 31.000 clientes, mientras que la empresa JetSmart suspendió la totalidad de sus 96 operaciones, impactando en aproximadamente 17.000 pasajeros. Por su parte, Latam reportó la suspensión de 46 vuelos que afectaron a más de 7.300 personas, vinculando la medida al paro de los empleados de Intercargo, la firma estatal responsable de los servicios de rampa.
Según estimaciones de la consultora Adventus, otras 19 compañías aéreas decidieron cancelar el cien por ciento de sus vuelos ante la imposibilidad de operar. En este contexto de parálisis general, el Gobierno nacional insiste en que el accionar de los gremios petroleros en Ezeiza constituye una traba ilegal y un ensañamiento particular contra Flybondi, empresa que intentó mantener la conectividad a pesar de la medida de fuerza sindical.
